El gobierno ha dado un paso crucial en materia de inteligencia nacional con la firma de un decreto de necesidad y urgencia que reformará la Ley de Inteligencia Nacional y otorgará mayor poder a la SIDE, dirigida por Cristian Auguadra. Este movimiento, que ha sido liderado por el presidente Javier Milei, busca concentrar el sistema nacional de inteligencia bajo el liderazgo de la SIDE, en lo que representa una profunda modernización de la política de inteligencia nacional después de 20 años sin modificaciones.
El decreto, que se espera sea publicado este viernes, tiene como objetivo central establecer un sistema que integre al Estado, separando las funciones policiales y adaptándose a las amenazas contemporáneas, sometiéndolo a mayores controles. Esta iniciativa surge a raíz del Decreto 864/2025, que se dio a conocer justo 48 horas después de la llegada de Christian Aguadra como nuevo titular de la SIDE.
La nueva Política Nacional de Inteligencia establece 10 lineamientos estratégicos que abarcan desde el posicionamiento internacional de Argentina hasta la lucha contra el crimen organizado, la protección de recursos estratégicos, la ciberseguridad y la soberanía sobre Malvinas y la Antártida. Con este nuevo DNU, se busca otorgar mayor poder a la SIDE, concentrando toda la gestión del sistema de inteligencia bajo su control y eliminando duplicaciones y superposiciones regulatorias, presupuestarias, técnicas y de recursos en general.
Entre los principales cambios que trae consigo esta reforma se encuentra la realización de todas las operaciones de inteligencia de manera encubierta, la facultad para aprehender personas en situaciones específicas, la autorización para repeler y detener ataques que pongan en riesgo las instalaciones e información del sistema, cambios en los nombres de las agencias clave, una nueva estructura de ciberseguridad, la reorientación de la Agencia de Seguridad Nacional hacia la contrainteligencia, la mayor jerarquización del sistema y el apoyo de las Fuerzas Armadas y policiales.
Es importante destacar que esta reforma establece un marco legal claro para el personal de inteligencia, aclarando que su función es producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, sin cumplir tareas policiales ni judiciales. En resumen, esta reforma busca modernizar y fortalecer el sistema de inteligencia nacional, adaptándolo a las necesidades y desafíos actuales, con el objetivo de garantizar la seguridad y la defensa de los intereses del país.
