Decididamente fue un paso indeseable, negativo, pero desde un punto de vista políticamente retorcido, lógico. Quizás una solución para un conflictivo sistema político peruano que ha tenido cinco presidentes en los últimos seis años.
La intentona golpista, tal como la definió el Congreso, fue la maniobra desesperada de un presidente, Pedro Castillo, prácticamente en vísperas de ser desafiado y literalmente incapaz de gobernar por la injerencia de un poderoso Parlamento en un régimen que se encontraba en crisis. permanente.
Pero al mismo tiempo fue un intento de ruptura con lo que es el orden político constitucional peruano.
Castillo enfrentaba su tercer proceso de juicio político «por incapacidad moral» y «corrupción» desde el 28 de julio de 2021, cuando asumió el cargo, con el apoyo del 50,5% de un electorado que votó mayoritariamente por él preocupado por impedir una victoria de la derecha. a través de la entonces candidata y hoy líder opositora Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular.
Pero hay que subrayar que con 24 diputados, Fuerza Popular tiene la bancada más grande del Congreso, que reparte sus 130 escaños entre 13 partidos y quizás hasta media docena de independientes (no agrupados). La creación de coaliciones es una cuestión prácticamente imposible en un organismo tan fragmentado y Castillo, con toda su buena voluntad, pero con muy poco margen de maniobra y menos sentido estratégico, se vio cada vez más acorralado.
La que quizás haya sido la muestra más visible de sus problemas fue la constante renovación de su gabinete, debido a la destitución de hasta tres equipos completos más renuncias individuales. Solo el martes tuvo cuatro nada más anunciar su idea de disolver el Congreso. Si las acusaciones fueran cien por ciento ciertas, solo parcialmente verdaderas o falsas en algún grado, queda a criterio de quien las interprete, lo cierto es que Castillo es el quinto presidente en ser destituido u obligado a renunciar desde 2018. La idea de «incapacidad moral» ha estado presente con frecuencia en las acusaciones contra los gobernantes en ejercicio. Castillo, sin embargo, fue el primero en desafiar al Congreso por la vía de la disolución.
Castillo llegó al poder con el apoyo del partido Perú Libre, un partido de izquierda que obtuvo apenas 17 escaños, menos del 15% del Congreso unicameral, y el miércoles se sublevó contra la insurrección del presidente, que calificó de «golpe de Estado». ‘estado». En desarrollo». Además, más tarde votó a favor de la destitución del presidente.
El caso es que Perú es un ejemplo irregular en una región donde normalmente dominan los poderes ejecutivos. En ese país, el verdadero poder político reside en el Congreso.
Ciertamente, el aparente fin del régimen de Castillo no implica que la condición permanente de crisis política haya terminado en el Perú. Simplemente que mientras los peruanos no se pongan de acuerdo en cambiar el sistema, solo habrá un cambio de protagonistas: la telenovela será la misma.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE1
MBL