Aunque el Gobierno se está embarcando en acabar con las intermediaciones con los seguros oficiales, Aún hoy existen un 15% de las pólizas de Nación Seguros con organismos estatales en las que participan los famosos «brokers», como reconocen en el propio oficialismo, donde admiten que en algunos casos no será fácil concluir este tipo de vínculos.
Mientras tanto, Continúan los coqueteos oficiales sobre si se avanzará o no en la derogación del decreto 823/2021 firmado por Alberto Fernándezy obliga a las entidades públicas a contratar a Nación Seguros lo que, al final, permitió la aparición de estos directivos sospechosos de cobrar comisiones suculentas,
El jefe de Gabinete reconoce que pretenden prohibir este tipo de intermediación pero que la reforma está prevista para «más adelante». Hoy en el Ejecutivo no hay definición sobre qué cambios regulatorios hacer para eventualmente poder posibilitar la licitación de pólizas o la creación de seguros de automóviles como finalmente terminó implementando la Anses, donde en febrero pasado estalló el escándalo revelado por Clarín.
El equipo comandado por el asesor presidencial Federico Sturzeneggerpor su parte, desarrolló un proyecto para derogar la normativa y crear nuevas condiciones legales para estos contratos. Pero nunca fue oficializado en el Boletín Oficial.
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El expresidente se defendió de las acusaciones de corrupción y dijo que tiene «la tranquilidad» de no haber cometido «ningún acto indebido».
A pesar de las denuncias judiciales presentadas Sandra Pettovello luego de haber detectado varias maniobras con productores en las secretarías dependientes de Capital Humano, Una fuente oficial cualificada no consideró «ilegal» designar un productor y lo justificó en casos donde el Estado debe asegurar un gran parque de automóviles o en áreas donde demuestra cierta ineficiencia. Sin embargo, en el Gobierno prevalece la idea de que las «cuentas cautivas», como las que cubren el personal o propiedades de determinadas organizaciones, no necesitan de los productores ya que están directamente vinculadas a Nación Seguros.
Sin embargo, la principal razón por la que se retrasa la continuidad o no del citado decreto es que aún no hay acuerdo sobre qué herramienta legal utilizar sin descuidar los seguros de organizaciones, como Corredores Viales, por ejemplo, que deben dar cobertura a los Concesión de las diferentes rutas nacionales.
Pese a reportes de un posible cambio de autoridades en Nación Seguros, la Casa Rosada confirmó al actual titular, Alfonso Torres, y el resto de las autoridades. El propio Torres, cercano a Martín Menem y con el vicepresidente del Banco Nación, Darío Wasserman, ratificó el actual gerente general de la firma, Mauro Tanosquien había sido cuestionado por distintos actores del mercado asegurador porque había trabajado en la organización durante la gestión de Alberto Fernández y en enero había sido «ascendido» a ese cargo.
De todas formas, el oficialismo sostiene que la designación de los “brokers” correspondía a las propias organizaciones. Por eso hoy son los propios ministerios, como Capital Humano, Justicia o Exteriores, los que han enviado notas a la aseguradora del principal banco del país para cortar vínculos con estos agentes.
Desde Nación Seguros aseguran que la eventual derogación del decreto 823 depende del Ejecutivo y que el plan en marcha para separar agentes de las pólizas oficiales ya alcanza el 85% del total de los contratos. Por eso aún quedan intermediarios en organizaciones como Corredores Viales o INVAP -que pese a ser una firma de la provincia de Río Negro tiene un pequeño aporte del Estado nacional- que, según el oficialismo, serán difíciles de sacar.
Otro de los temas que expuso el escándalo es el reaseguro de grandes empresas públicas en el exterior., que manejaría enormes sumas en cuentas ubicadas en Estados Unidos, por ejemplo. Se trata de reaseguros de firmas como Aerolíneas Argentinas, YPF o la represa de Yacyretá. El oficialismo asegura que estos acuerdos se hacen «directamente» con grandes actores del sector asegurador.. Un funcionario consultado, sin embargo, se muestra sorprendido de que este tipo de servicios no se hayan podido licitar. Hoy, sin embargo, la mira del Ejecutivo está puesta en los seguros regidos por el decreto 823.
Con información de: Telam, AF News y OpenAi