El sistema tributario argentino está cargado de impuestos que distorsionan la actividad económica y golpean la competitividad. Sin embargo, hay uno en particular que, por su efecto cascada acumulativo, genera consenso en torno a su eliminación inmediata: Ingreso bruto.
Ingreso bruto es un impuesto que representa alrededor del 4% del PIB en términos de recaudación. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), es uno de los seis tributos que componen el grupo que aportaría el 85% de la recaudación consolidada al 2026 proyectado en 26,6% del PIB.
Pero más allá del impuesto en sí, el análisis de los Regímenes de retenciones y cobro de Ingresos Brutos revela un panorama preocupante. Miles de empresas se ven afectadas por estos mecanismos que obligan a los contribuyentes a pagar el impuesto por adelantado, antes de que se establezca la obligación tributaria.
La multiplicidad y superposición de regímenes como SIFER, SIRCAR, SIRPEI, SIRTAC, SIRCREB y SIRCUPA, entre otros, son una de las principales razones por las que se generan créditos fiscales y saldos a favor en las provincias. Esta situación se agrava en jurisdicciones como Misiones y Tucumán, donde la acumulación de saldos favorables en el impuesto a los Ingresos Brutos es alarmante.
Las empresas, aunque tienen la posibilidad de recuperar ese capital a través de diversos procedimientos, se enfrentan a trámites burocráticos y largos plazos de espera. Las tesorerías provinciales retienen más de lo adeudado, dificultando la devolución de los fondos y afectando la liquidez de las empresas.
El malestar de las empresas radica en que las diferentes jurisdicciones no reconocen la pérdida de valor que implica para ellos la retención de esos saldos. La falta de agilidad en la devolución de fondos impide a las empresas utilizarlos para invertir, producir o generar empleo.
En conclusión, la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos y la simplificación de los regímenes de retenciones son acciones urgentes que deben tomarse para mejorar la competitividad del país y favorecer el desarrollo económico de las empresas. Es necesario que las provincias revisen sus mecanismos de cobro anticipado y agilicen los procesos de devolución para evitar que las empresas se vean perjudicadas por la acumulación de saldos a favor.
