El gobierno de Axel Kicillof vuelve a enfrentarse con la Casa Rosada por el financiamiento de la obra pública en la provincia de Buenos Aires. La disputa se intensifica por la falta de garantías necesarias para que la Provincia pueda acceder a créditos internacionales para obras de vital importancia como agua y alcantarillado. El Ministro de Gobierno de Buenos Aires, Carlos Bianco, acusa al Gobierno de Javier Milei de bloquear una herramienta que, según la administración provincial, no requiere desembolsos del Tesoro nacional.
La pelea tiene una dimensión fiscal y política. En La Plata señalan a Milei como el responsable de esta situación, pero también buscan preparar el escenario para Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete y potencial candidato a gobernador bonaerense en 2027. Consideran que Santilli no puede presentarse como defensor de los intereses bonaerenses si no intercede para desbloquear obras que dependen de una firma del Gobierno nacional.
El Ministro Bianco expresó su frustración durante una conferencia de prensa, donde afirmó que Santilli no respondió a sus llamados ni a las notas formales solicitando una reunión. Acusó al Gobierno de Milei de «gobernar solo con amigos a los que les ofrece cosas a cambio de votos».
La falta de garantías para acceder a préstamos internacionales representa un obstáculo para el desarrollo de importantes proyectos en la provincia de Buenos Aires. La Provincia argumenta que el único requisito para que la Nación firme los avales es que la deuda solicitada no supere el 8% del presupuesto provincial, y actualmente no llegan ni al 4%.
La obra de 270 millones de dólares para la nueva planta de tratamiento de aguas residuales en la Región Capital es un caso emblemático que espera la firma de Luis Caputo. La Provincia sostiene que se trata de una solución a un problema estructural, pero la falta de avances en este proyecto refleja una situación más amplia de bloqueo de obras en la región.
El conflicto ha llegado incluso a la Justicia Federal, donde la Provincia obtuvo una decisión favorable del juez Alberto Recondo. Sin embargo, el plazo establecido para que el Ministerio de Economía responda a las solicitudes de aval ha vencido sin respuesta alguna. La administración de Milei no ha cumplido con lo ordenado por el magistrado, lo que refuerza la narrativa de un bloqueo político por parte del Gobierno nacional.
En resumen, la lucha por las garantías y la financiación exterior en la provincia de Buenos Aires refleja un conflicto más profundo entre La Plata y la Casa Rosada. La falta de avances en importantes proyectos de infraestructura pone en riesgo el desarrollo de la región y plantea interrogantes sobre el compromiso de las autoridades nacionales con el bienestar de los bonaerenses.
