Un aspecto fundamental de la ley de Bases es la Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI)que establece Beneficios para acelerar la toma de decisiones de inversión para proyectos de más de $200 millones.
La RIGI propuesta por el Gobierno en la ley de Bases busca generar “seguridad jurídica” a través de incentivos tributarios y fiscales para desembolsos que superen los US$ 200 millones en diferentes sectores. Pero la controversia surge en que también se introdujo un artículo que prevé la nulidad de cualquier otra norma preexistente que sea contraria a los beneficios y exenciones creadas por el RIGI.
Así se explicita en el artículo 162 de la Ley de Bases, que establece que “sin perjuicio del ejercicio legítimo de las competencias y competencias locales, cualquier norma nacional de facto o medio por el cual limite, restrinja, viole, obstaculice o desvirtúe lo establecido en este Título, será absolutamente nulo y la Justicia federal deberá, de inmediato, impedir su aplicación”.
Quienes cuestionan la norma explican que sería una posible violación de las competencias provinciales y una violación de la división de poderes. Esto se debe a que el Departamento de Justicia estaría facultado para modificar o no aplicar las regulaciones existentes y previamente sancionadas.
¿Qué establece el RIGI?
El RIGI, entre otros puntos, establece beneficios tributarios que cubren los impuestos nacionales y provinciales. En efecto, el artículo 187 establece que las importaciones para consumo de mercancías o bienes temporales provenientes de empresas adheridas al régimen estarán exentas de derechos de importación, del impuesto PAIS, del impuesto estadístico (de jurisdicción nacional) y “de cualquier régimen de recaudación, recaudación, anticipo o retención de impuestos nacionales y/o locales”.
Esto incluye desde los impuestos municipales hasta el impuesto sobre bienes inmuebles o el cuestionado impuesto a los Ingresos Brutos, recaudado provincialmente.
El RIGI, incluido en el texto del proyecto de Ley Base que el Gobierno envió al Congreso, establece distintos beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios.
Entre ellos, contempla la exención de derechos de importación e impuesto estadístico para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a nuevos proyectos.
Asimismo, permite a los beneficiarios disponer libremente del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones después del primer año, del 40% en el segundo año y del 100% a partir del tercero.
Los industriales critican al RIGI
El sector industrial también cuestionó la medida. El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Elio Del Re, advirtió que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la Ley Base «podría generar competencia desleal con la industria preexistente».
En ese sentido, señaló que «si el producto en Estados Unidos vale un millón de dólares y en Argentina vale lo mismo, a quien lo compra le costaría 30 por ciento menos comprarlo en el exterior». «No estamos hablando de competitividad, estamos hablando de incentivos», subrayó Del Re.
Del Re destacó que los fabricantes nacionales tendrán condiciones desiguales «ya que deberán afrontar costos de importación considerables que generan asimetrías, entre el 15% y el 35% del valor total de las mercancías».
Asimismo, afirmó que el RIGI “no identifica actividades, productos o sectores con posibilidad de ser promocionados, ni prevé ningún tipo de rubro que priorice el desarrollo de proveedores locales que potencien el tejido productivo local”.
En ese marco, ADIMRA envió el lunes pasado una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, y a las autoridades parlamentarias para advertirles sobre el impacto que tendría la aprobación del Régimen en el sector, solicitando que se revise el proyecto. y en el que se advierte que, según afirma en su última versión, «ataca directamente a la industria nacional y a las pymes, en beneficio de las grandes empresas y de las importadas».
Se señala que «las condiciones de competencia de los fabricantes nacionales no están igualadas en comparación con los complejos industriales internacionales, ya que los titulares de proyectos de vehículos de un solo proyecto (los beneficiarios del régimen) podrán importar bienes de capital nuevos o usados». , materiales e insumos sin aranceles asociados tanto en la etapa de inversión inicial, como en el flujo productivo durante el período establecido (30 años), afectando directamente a la industria metalúrgica nacional en general y en especial a las Pymes.»
El presidente de ADIMRA destacó que «durante todo el flujo productivo de los próximos 30 años, las empresas que ingresen al régimen no pagarán ningún tipo de impuesto, tanto por lo que compren en el exterior como por lo que exporten, configurando una suma extraordinaria beneficios respecto a aquellas empresas que ya han realizado inversiones».
Asimismo, Del Re sostuvo que «los generosos beneficios fiscales y regulatorios establecidos no van acompañados de obligaciones por parte de los beneficiarios que generen derrames sobre el sistema productivo en su conjunto, amenazando también la sostenibilidad macroeconómica del país».
La semana pasada se conoció el Informe de Actividad Metalúrgica, que reveló una caída interanual de 17,7 por ciento en marzo, configurando una caída de 6,6 por ciento en el primer trimestre.
Además, confirmó el bajo nivel de actividad registrado sólo superado, en los últimos ocho años, por los cuatro meses más duros de la pandemia de 2020.
Con información de Telam, Reuters y AP