El mundo marítimo se prepara para un cambio histórico: el Convenio Internacional sobre Responsabilidad e Indemnización por Daños Relacionados con el Transporte Marítimo de Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas (Convenio SNP de 2010) entrará en vigor el 29 de noviembre de 2027, luego de cumplir con los requisitos necesarios para su aplicación. Este hito marca un avance significativo en el fortalecimiento del régimen internacional de responsabilidad e indemnización marítima, en un contexto de creciente transporte de productos químicos y combustibles alternativos.
La Organización Marítima Internacional (OMI) ha destacado que este acuerdo garantizará una indemnización rápida y adecuada a las víctimas de accidentes relacionados con cargas peligrosas, brindando mayor seguridad jurídica tanto a la industria como a los Estados. Según Arsenio Domínguez, Secretario General de la OMI, esta era una de las principales lagunas en el sistema internacional de responsabilidad marítima que finalmente se subsanará con la implementación de este tratado.
Para que el Convenio SNP de 2010 entre en vigor, se requería la ratificación de al menos 12 Estados, incluidos cuatro con flotas que superaran los dos millones de toneladas de arqueo bruto, así como un volumen anual de carga contribuyente de 40 millones de toneladas. La reciente adhesión de Alemania, Bélgica, Países Bajos y Suecia permitió cumplir con estas condiciones, sumando un total de 12 países parte del acuerdo, siendo nueve de ellos los que superan el umbral de tonelaje requerido.
El Convenio SNP establece un marco específico para compensar los daños derivados de incidentes relacionados con sustancias nocivas y potencialmente peligrosas transportadas por mar. Su cobertura incluye más de 2.000 productos, como químicos, ácidos, fertilizantes, alcoholes, hidrocarburos, gas natural licuado (GNL) y gas licuado de petróleo (GLP). Las regulaciones prevén indemnizaciones por diversos conceptos, como muertes, lesiones personales, daños a la propiedad, pérdidas económicas, costos de limpieza y daños ambientales.
Una de las novedades del tratado es la incorporación de un Fondo SNP financiado por los beneficiarios de estas tasas en los países adherentes, basado en el principio de «quien contamina paga». Este fondo se activará cuando la responsabilidad financiera del armador no sea suficiente para cubrir los daños causados, con una compensación máxima de 250 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional.
La OMI estima que alrededor de 65.000 buques deberán obtener certificados de seguro SNP u otras garantías financieras para cumplir con las nuevas obligaciones establecidas en este convenio. Con la entrada en vigor programada para noviembre de 2027, el sector marítimo se prepara para un cambio que busca brindar mayor protección a las víctimas de accidentes relacionados con sustancias peligrosas y fortalecer la responsabilidad de los armadores en casos de incidentes en alta mar.
