El presidente Daniel Noboa afirmó que el resultado «definirá el rumbo y la política de Estado que adoptaremos para enfrentar el desafío de combatir la violencia y el crimen organizado» durante la inauguración de la consulta popular en el Consejo Electoral de Quito. La votación, que comenzó a las 07:00 hora local (12:00 GMT), concluirá diez horas más tarde.
Unos 13,6 millones de ecuatorianos están habilitados para participar en la tercera consulta popular en poco más de un año. Esta es la primera consulta durante el mandato de Daniel Noboa, un empresario millonario de 36 años que asumió la presidencia en noviembre por un período de sólo 18 meses y que podría postularse a la reelección en febrero del próximo año.
Durante su breve mandato, Noboa busca implementar cambios significativos y combatir la violencia generada por bandas vinculadas al narcotráfico que causan inseguridad en el país sudamericano. Los colegios electorales, protegidos por una fuerte presencia policial y militar, abrieron con cierto retraso, pero sin mayores contratiempos, con largas colas de ciudadanos esperando para emitir su voto.
Consulta para afrontar retos
Durante el acto inaugural, el presidente Daniel Noboa afirmó que el resultado de esta consulta podría marcar el camino «para enfrentar el desafío de combatir la violencia, el crimen organizado, la corrupción y promover la generación de empleo».
Destacó que los ecuatorianos tienen en sus manos el poder de elegir «el futuro que queremos» y transformar la realidad. Noboa enfatizó que en el nuevo Ecuador se prioriza la seguridad de los ciudadanos y se trabajan esfuerzos para devolver la paz a las familias.
Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, señaló que Ecuador atraviesa momentos que requieren decisión y unidad, instando a la ciudadanía a reflexionar con responsabilidad sobre cada uno de los interrogantes planteados.
En los días previos a la consulta, la violencia que prevalece en el país, uno de los temas centrales de las elecciones, se hizo evidente con los disparos contra los alcaldes de dos ciudades mineras del sur del país.
El voto es obligatorio para ecuatorianos entre 18 y 64 años, mientras que es opcional para jóvenes entre 16 y 17 años. Ecuador tiene una población de 17 millones de habitantes.
Las 11 preguntas, en las que los ciudadanos deben responder «sí» o «no» en una sola papeleta, representan un nuevo intento de reformar normas que, según las autoridades, obstaculizan la lucha contra la violencia.
Cinco de estas cuestiones implican modificaciones a la Constitución, mientras que las otras seis no modifican la Carta Magna pero sí afectan a leyes secundarias. Entre los temas sobre los que los ecuatorianos deben pronunciarse está si la presencia militar debe permanecer en las calles para controlar la seguridad interna, como ordenó Noboa a principios de año ante una ola de ataques de bandas criminales y disturbios en las cárceles. .
En circunstancias normales, el control y vigilancia de la seguridad ciudadana corresponde exclusivamente a la policía, y el sistema penitenciario está bajo la supervisión del órgano rector correspondiente. Asimismo, se propone un aumento de las penas para los delitos relacionados con el terrorismo y otros vinculados con la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, así como la tipificación de los delitos relacionados con la tenencia y porte de armas, cuyo uso está reservado exclusivamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad. . .
Mayor inseguridad
En los últimos tres años, Ecuador ha experimentado un preocupante aumento de la inseguridad, con un número récord de asesinatos que elevó la tasa de muertes violentas a 40 por cada 100.000 habitantes a finales de 2023, una de las más altas del continente.
El año pasado se registraron más de 7.600 delitos, atribuidos por las autoridades a la actividad de bandas criminales vinculadas al narcotráfico. Como parte de la estrategia para combatir la violencia en el país, que también ha visto un aumento de secuestros, asaltos, extorsiones y otros delitos, el gobierno de Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno. Esta medida permite a las fuerzas armadas realizar patrullajes conjuntos con la policía en las calles y cárceles del país, identificando a una veintena de bandas criminales como «terroristas».
A pesar de la presencia militar en los puestos de control callejeros, los homicidios no han disminuido. Durante las vacaciones de Semana Santa a finales de marzo, ese fin de semana se denunciaron más de 130 delitos.
El plebiscito es una prueba de validación de la gestión del presidente Noboa, a mitad de su corto mandato y a meses de nuevas elecciones en las que ha anunciado su intención de reelegirse. El país volverá a tener elecciones presidenciales y legislativas en febrero de 2025.
Esta consulta popular representa una evaluación de la gestión del presidente Noboa, que se realiza en medio de su breve mandato y meses antes de nuevas elecciones en las que manifiesta su intención de buscar la reelección.
El país volverá a celebrar elecciones presidenciales y legislativas en febrero de 2025. Analistas señalan que las consultas populares son un indicador de la aceptación del líder que las convoca y ganar la consulta sería una oportunidad para que Noboa «revitalice su liderazgo interno» y una impulso hacia las elecciones presidenciales.
Los analistas políticos de Ecuador sostienen que la narrativa de lucha interna es muy efectiva para Noboa, quien logró una aprobación superior al 60% en sólo cinco meses de gobierno. Aunque la presencia militar en las calles es evidente, no se ha traducido en una disminución real de la violencia.
Permitir la extradición
La consulta popular busca consolidar este modelo basado en el uso de la fuerza y el control, algo que la población esperaba desde el aumento de la violencia en gobiernos anteriores.
Este proceso electoral se da en un contexto en el que el país vive un racionamiento eléctrico de al menos seis horas diarias, lo que llevó al gobierno a suspender la jornada laboral por dos días.
En febrero de 2023, el expresidente Guillermo Lasso convocó a otra consulta sobre seguridad, la cual fue rechazada por los ecuatorianos. Durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de agosto se consultó la explotación petrolera y minera en una reserva natural en Yasuní y en el Chocó Andino.
En este nuevo llamado a las urnas se incluye una pregunta para permitir la extradición de ecuatorianos a otros países, algo que actualmente está prohibido por ley, así como otra para establecer poderes judiciales especializados en temas constitucionales. Las autoridades han denunciado que algunos delincuentes han abusado de las vías constitucionales para salir de prisión, transfiriendo sus recursos a jueces locales o provinciales.
Además, está sujeta a consulta la propuesta de permitir que las armas, municiones y otros objetos confiscados a delincuentes sean utilizados inmediatamente por las fuerzas de seguridad, y que los activos confiscados pasen a ser propiedad del Estado.
Pese a centrarse en temas de seguridad, el gobierno incluyó dos preguntas adicionales en la consulta popular: una sobre la posibilidad de extender la vigencia de los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas, modalidades actualmente no reconocidas en la legislación ecuatoriana; y otro sobre permitir que se utilicen arbitrajes internacionales como método para resolver disputas, algo que está prohibido por la Constitución.
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FUENTE: AP, Infobae, Francia 24