En el contexto de la tensión por el debate en el Senado de la ley de Bases y el paquete fiscal y las consecuencias socioeconómicas del duro plan de ajuste oficial, Este jueves, la CGT realizó su segundo paro general contra la gestión de Javier Milei, exigiendo «rectificar el rumbo».«para evitar una escalada del conflicto.
A diferencia de la protesta del 24 de enero, Este tuvo un alto nivel de cumplimiento debido a la paralización del transporte -solo circulaban algunas líneas de colectivos del AMBA pero casi sin pasajeros- y la suspensión de la actividad manufacturera. Aunque muchos negocios abrieron sus puertas para intentar mitigar las pérdidas provocadas por la actual recesión y había gente en las calles.
La huelga provocó fuertes desacuerdos entre funcionarios del gobierno y líderes sindicales. Aunque la dirección cegetista valoró la medida de fuerza como «un éxito» y amenazó con continuar con el plan de lucha en caso de que el Ejecutivo no atienda este «llamado de atención», espera que prevalezca el sentido común y se retome el «diálogo social».. En este sentido, no hay consenso entre las distintas tribus sindicales para escalar el conflicto y organizar un paro de 36 horas como piden los sectores más duros.
Esta supuesta amenaza sindical había sido mencionada por el portavoz manuel adorni en su habitual rueda de prensa del mediodía, en la que anunció que se registraron 138 mil llamadas de ciudadanos a la línea 134 denunciando presuntas intimidaciones sindicales, que durante la jornada algunos conductores de autobuses de la línea DOTA -que no paralizó sus servicios- fueron «atacados con piedras y neumáticos pinchados» y también hubo bloqueos en los accesos a fábricas de San Martín y General Pacheco para impedir su funcionamiento.
El paro tuvo un cumplimiento desigual en el comercio y en algunos servicios: durante varios tramos de la jornada, las avenidas porteñas se llenaron de autos particulares. El ministro Patricia Bullrich (Seguridad) intentó desde muy temprano desacreditar el impacto de la protesta subiéndose a un colectivo en Constitución pero no pudo pagar el pasaje porque la SUBE que le entregaron no tenía saldo. «No sólo no tenía crédito para pagar, las imágenes mostraban que no había nadie dentro (del autobús). La gente se quedó en casa, que es lo importante». explicado Héctor Daercopropietario del Cegetista, en la conferencia de prensa que brindó el sindicato por la tarde en el salón Felipe Vallese.
El jefe del sindicato de Salud optó por «no responder a los ataques» o «interpretando Adornis (SIC)» quien antes había clasificado a los dirigentes sindicales como «fundamentalistas del atraso». El dirigente sindical evaluó la medida de fuerza como “contundente en todo el país” y cuestionó al Gobierno por su política: «Nos están llevando al extremo». Pero se hizo tiempo para considerar que el Ejecutivo «debe tomar nota» de los reclamos» y «reconfigurar su política de ajuste».
Menos diplomático, como siempre, fue pablo moyano quien llamó al diputado «viejo cabreado» José Luis Espert que antes había insultado a los organizadores de la huelga de 24 horas. Pero el cruce más picante del camionero fue con Luis «Totó» Caputo. «Que Caputo hable de los trabajadores es como si Barreda cuidara de la familia», Él chasqueó recordándole el préstamo con el FMI en 2018. Al anochecer El ministro de Economía le agradeció los “continuos insultos” a quienes consideró «bienvenidos, ya que eres todo lo que ningún buen argentino quiere ser. Eres un simple matón al que todo el país odia”.
Fue, al final, la primera huelga general que unió en sus reivindicaciones a todas las centrales sindicales y organizaciones sociales sin excepción desde el gobierno de Fernando de la Rúa. En los años del kirchnerismo en el poder y aún con Mauricio Macri en la presidencia de Rivadavia, alguna expresión gremial importante siempre no se plegó a la protesta. Alberto Fernández, en cambio, no enfrentó medidas contundentes durante su gestión.
En la calle Azopardo estuvieron presentes «Peluca» Alejandro Gramajo, de UTEP, y Gustavo Vera, de La Alameda, quien fue destituido del Comité contra la Trata en marzo cuando fue trasladado a Seguridad. Este consenso se produce en el espejo del devenir de la batalla cultural de los libertarios -en la que el sindicalismo es asimilado como un eslabón más de una «casta» que obstaculizaría el desarrollo del país- y con el plan de ajuste en marcha.
Es por eso que los dirigentes sindicales reunidos en la sede cegetista volvieron a presionar a los senadores para que rechacen la ley de Bases que, entre otras modificaciones, contempla que las Pymes de hasta 5 personas podrán contratar empleados bajo la figura del colaborador.. «Hay 600 mil empleados formales que podrían volverse informales», insistió Daer, quien anunció que la próxima semana se reunirán con los bloques dialogantes de la oposición. También utilizó el micrófono para pedir a los diputados rechazar el DNU 70, que en marzo ya había sido objetado por la Cámara Alta.
Pese a la difícil encrucijada y la tensión reinante, la CGT espera que surjan nuevas instancias de diálogo con el oficialismo. Andrés Rodríguez (UPCN) recordado Clarín que tras la reunión en Casa Rosada del 16 de abril «Se dejó abierta una puerta al diálogo pero no se resolvió nada». Estaba atento a la posibilidad de nuevos despidos estatales. «Son terribles, no hay oferta laboral en ninguna otra actividad y si dejan sus trabajos quedan desempleados. «Es fuera de lógica en estas condiciones la Argentina»mencionó sobre posibles despidos en firmas como Trenes Argentinos.
Uno de los interlocutores con el sindicalismo es el ministro Guillermo Francos (Adentro). Pero también hay diálogo entre el sector y la Secretaría del Trabajo, Julio Cordero, y con las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, quienes el miércoles recibieron José Luis Lingieri, el negociador cegetista de fondos de obras sociales.
Con información de: Telam, AF News y OpenAi