Bogotá — Mientras que en 2019 el sector infraestructura representaba el 6,3% del PIB en Colombia, en 2023 la cifra cambió y representó el 4,3%, según cifras del Dane. La principal razón de esta caída, según expertos del sector, son los riesgos que genera la política colombiana.
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Por tanto, si esto continúa, al sector le espera un estancamiento y, en el peor de los casos, una disminución que impactará fuertemente en la creación de empleo y la economía nacional.
Así lo revela la Primera Encuesta de Riesgos a Expertos en Infraestructura en Colombia, realizada por Control Risks y Jaime Arteaga y Asociados, en la que se entrevistó a 246 directivos de empresas relacionadas con este sector. De ese total de encuestados, El 64% está de acuerdo en que 2025 será un año de estancamiento o declive para las infraestructuras.
Este mismo porcentaje de participantes indica que en el último año sus empresas sufrieron suspensiones importantes de operaciones por bloqueos de vías o protestas sociales. Y esta situación es aún más significativa para los concesionarios, empresas constructoras, empresas de servicios públicos y empresas de transporte masivo.
Sólo el 27% de los expertos consultados coincide en que el Gobierno Nacional reconoce la importancia del sector de infraestructura e incentiva su crecimiento y el 70% dice lo contrario. Por ello, la mayoría de los consultados afirma que Este año no ha habido avances importantes en políticas públicas.
En esta línea, entre los encuestados existe gran preocupación por la falta de apoyo del Estado al sector de infraestructura, lo que afecta, para la mayoría de ellos, el principal motivo de No proyecte crecimiento en las operaciones de sus empresas en los próximos cinco años.
El 46% de los consultados señala que su organización seguirá igual; 34% que su firma ampliará sus operaciones; y un 20% que la empresa que lidera reducirá sus operaciones. Vale la pena señalar que los expertos que trabajan como gerentes en concesionarios y empresas constructoras son los más pesimistas.
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Entre los principales motivos para que los empresarios crean que reducirán sus operaciones están la falta de estabilidad jurídica y regulatoria, la falta de apoyo del Gobierno Nacional, de las políticas del Ejecutivo y la falta de inversión pública en infraestructura.
Para los directores de empresas, La prioridad de inversión debería ser la infraestructura vial (37%). Le siguen: transporte ferroviario (14%), vías terciarias (13%), transporte masivo en las principales ciudades (11%) y servicios públicos (8%).
Con un porcentaje menor se encuentran la infraestructura aeroportuaria, la infraestructura crítica para la adaptación al cambio y la infraestructura portuaria.
Oliver Wack, gerente general para la región Andina de Control de Riesgos, expresó que a pesar de las malas proyecciones para el sector de infraestructura, según expertos, Colombia sigue siendo un país atractivo para invertir: “Esto se debe, en gran parte, a que es un sector que ha incorporado la cultura de la gestión de riesgos, lo que le permite proyectar estrategias para enfrentar los desafíos actuales y estructurales del país”.
Según el informe, el 75% de los expertos que trabajan en la banca de inversión o el sector financiero consideran que Colombia es un país atractivo para invertir en infraestructura.
Los principales riesgos para el sector
Según directivos de organizaciones, los principales riesgos para el sector de infraestructura en Colombia son políticos (31%).
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En la lista, aunque con mayor distancia, también se encuentran: legales y regulatorios (19%), seguridad y orden público (13%), financieros o de capital (12%), ambientales (10%), sociales (9%) y macroeconómicos. (7%).
Ahora bien, los riesgos que mayor impacto tienen en su empresa, según los encuestados, son la coordinación política y jurídica, institucional; También están las consultas previas, el orden y la seguridad públicos y cuestiones legales y regulatorias.
Escalones más abajo hay protestas y bloqueos, gestión inmobiliaria, financiera o de capitales, aspectos macroeconómicos, rechazo comunitario, aspectos sociales y ambientales y conflictos laborales.