El informe, ya autorizado por la Cámara de Representantes, también analizaría si hubo injerencia en la investigación oficial y si alguno de los responsables del crimen trabajó en algún momento para el gobierno estadounidense.
A principios de este mes, los fiscales estadounidenses acusaron a un exsoldado colombiano, Mario Palacios, de conspirar para secuestrar o matar a Moise en una operación que mató a tres mercenarios colombianos y detuvo a otros.
Hasta el día de hoy, quedan interrogantes sobre el móvil del asesinato de Moise, quien había prorrogado su mandato en el país caribeño en medio de una gran polémica, pues la oposición estimó que había terminado en febrero.
Según la policía colombiana, los detenidos dijeron que planeaban secuestrar a Moise y entregarlo a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, declaró recientemente que quiere que «la justicia triunfe por el infame asesinato» de Moise.
La ley aprobada por el Congreso también obliga al Departamento de Estado a informar sobre derechos humanos y el uso de la ayuda desde el terremoto que asoló el país en 2010.
“Estamos muy preocupados de que un gobierno haitiano que es tan inestable como corrupto permita o aliente más abusos contra los derechos humanos”, dijo el viernes en un comunicado el senador demócrata Ben Cardin, uno de los patrocinadores del proyecto de ley.
Estados Unidos «debe actuar con urgencia para ayudar a nuestros vecinos haitianos», agregó, y señaló que UNICEF ha informado que 1,6 millones de personas en Haití, incluidos 800.000 niños, necesitan asistencia humanitaria urgente.
Las normas también exigen una investigación y presión para que rindan cuentas por la masacre en el barrio La Saline de Port-au-Prince en 2018, en la que murieron decenas de personas.
“Durante demasiado tiempo, el pueblo haitiano ha soportado las penurias de la corrupción, las bandas criminales, los disturbios civiles y los devastadores desastres naturales”, dijo el viernes el senador republicano Marco Rubio en un comunicado.
Sin un parlamento en funcionamiento durante dos años y con un poder judicial paralizado, Haití, el país más pobre del Caribe, se hunde en una crisis de gobernabilidad.
El creciente control de las pandillas sobre el territorio nacional dificulta las esperanzas de una mejora en las condiciones de vida de la población, víctima de los secuestros que cometen diariamente las bandas armadas.