La feroz ola de violencia, desatada por las mafias del narcotráfico, provocó la presidente daniel noboa decretar el estado de emergencia en cinco provincias ecuatorianas el 1 de mayo, días después de que finalizara la medida a nivel nacional implementada desde inicios de enero, cuando declaró un «estado de guerra» para combatir estas organizaciones “narcoterroristas”.
Alguna vez la nación más pacífica de la región. Cerró 2023 siendo el país más violento de América Latinacon 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, cifra que estiman aumentará a 42 a finales de este año.
Si bien Ecuador atraviesa desde hace varios años una crisis de inseguridad, no fue hasta 2023 que alcanzó su punto máximo, tras la decisión del expresidente. Guillermo Lasso (2021 – 2023)quien acortó su mandato presidencial para evitar el impeachment, para “atacar de frente el problema del narcotráfico”.
«Aparentemente se rompió un acuerdo tácitoo que hubiera existido con estructuras del crimen organizado para que el Estado no los persiguiera con tanta fuerza, a cambio de tener calles tranquilas y no tener tanta violencia callejera», explica en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS la experta en Inteligencia y seguridad, Lorena Piedra, presidenta de la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador.
Esta “línea” que existía con ciertas organizaciones criminales se cruzó con el ataque “frontal” al narcotráfico, al aumentar las incautaciones de drogas que redujeron los ingresos de estas estructuras, provocando que “efectos económicos significativos”continúa Piedra.
Señala que bandas como Los Lobos, vinculada al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, cuyo líder, Fabricio Colón Pico, fue recapturado el 22 de abril, tienen “miles de miembros” en todo Ecuador que viven de los ingresos de economías ilícitas. con cargos de 70 a 500 dólares por “trabajo”.
“Estas bandas criminales han optado por cambiar el rumbo del negocio hacia otros temas más domésticos para financiarse, y eso es lo que ha caracterizado el aumento de los secuestros extorsivos y de algunos sicarios, porque ahora tienen niños de hasta 12 años capaces de cometer delitos. un crimen. El crimen de estos y el precio de una muerte a pedido ha bajado mucho”, afirma.
El narcotráfico, un secreto a voces
Un secreto a voces fue revelado en diciembre pasado, a raíz de la investigación “Metástasis” que, según declaraciones de la fiscal general ecuatoriana, Diana Salazar, evidenció el establecimiento de una “narcopolítica” en Ecuador.
Debido a esta investigación, que surgió por el asesinato en prisión del narcotraficante Leandro Norero, alias “El Patrón”, en octubre de 2022, más de 50 funcionarios judiciales, penitenciarios, fiscales, policías y políticos, que habían recibido dinero de la droga tráfico.
Luis Córdova Alarcón, director del programa de investigaciones Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador (UCE), explica que si bien los primeros casos de narcopolítica en la nación sudamericana ocurrieron durante el gobierno del expresidente León Febrés-Cordero (1984 – 1988), lo particular actualmente es que ha permeado “absolutamente” el sistema político Ecuatoriano.
“En Ecuador se está reproduciendo lo que pasó en Colombia o lo que ha pasado en otros países donde hay economías ilícitas muy rentables que permean la política. Lo que es diferente es que ahora, aparentemente, esto está absolutamente permeado en el sistema político, lo que debilita la capacidad de reacción del Estado», dice en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.
La decisión del expresidente Rafael Correa (2007 – 2017) de expulsar en 2009 la Base de Manta, que permitía monitorear el narcotráfico en la costa ecuatoriana y en gran parte de la región, marcó un hito en la lucha contra el narcotráfico en Ecuador. que pasó de ser un país de tránsito de drogas a un centro de distribución.
“Con las FARC (guerrilla colombiana) financiando la campaña de Rafael Correa, no se podía estar seguro de que sus decisiones o la implementación de políticas públicas no fueran consistentes con quien financió su campaña. Sería bastante ingenuo considerar que se trata de una posición exclusivamente soberana de Ecuador”, dice la analista Lorena Piedra.
Amenazas de muerte y sicarios
La implacable embestida criminal en Ecuador se ha cobrado la vida de una serie de líderes políticos, entre ellos el candidato presidencial Fernando Villavicencio; el alcalde de Manta, Agustín Intriago; el fiscal César Suárez, que investigaba un ataque armado a un canal de televisión en enero; y, más recientemente, la alcaldesa de San Vicente, Brigette García, y los alcaldes de Portovelo y Camilo Ponce Enríquez, Jorge Maldonado y José Sánchez Reyes, respectivamente.
Villavicencia, favorito en las encuestas, era un acérrimo opositor del correísmo y había denunciado durante años la corrupción en la nación andina y la penetración del narcotráfico, principalmente por parte de los cárteles mexicanos, en la política ecuatoriana.
Sin embargo, su sicario, que conmocionó al mundo, no fue el primer producto de represalias por narcotráfico. “El alcalde de Manta, asesinado un mes antes de Villavicencio, tenía negocios con Norero”, menciona Stone. Intriago, quien aparece en los chats que dan origen al caso “Metástasis”, habría actuado como facilitador de contratos para empresas de legitimación de dinero. “Al parecer se volvió malo con los negocios y por eso lo mataron”, añade.
Este caso, que ha sacudido la política ecuatoriana, ha provocado una serie de amenazas de muerte a autoridades, incluido el fiscal general, y colaboradores, Mayra Salazar y Helive Ángulocuyos testimonios han sido fundamentales para esclarecer esta red de narcocorrupción.
El asesinato a balazos el 28 de abril de la exseñorita Landy Párraga, vinculada sentimentalmente con Norero y cuyo nombre apareció en una investigación por lavado de dinero, también podría estar vinculado al caso “Metástasis”. “Habría trazado un camino que permitiera lavar dinero a través de una empresa y que allí había temas que a muchos no les convenía salir a la luz”, menciona Piedra.
Las amenazas, sumadas a los sicarios de los involucrados en la investigación, tendrían como finalidad silenciar las voces para frenar el avance del caso. “Vamos a tener amenazas de muerte y muertes. los cuales son consecuencia de que negocios, conexiones criminales e ilícitas no salgan a la luz pública. Así funcionan las estructuras del crimen organizado, si alguien constituye un problema para el negocio, simplemente lo eliminan, lo asesinan”, señala.
Políticas insuficientes
Analistas consideran que las políticas del presidente Noboa son “paños de agua caliente” para frenar la ola de violencia, a pesar del apoyo que recibió en la consulta popular del 21 de abril. “Las decisiones que ha tomado el gobierno son insuficientes e ineficaces para contener un fenómeno que nada tiene que ver con la presencia militar”, afirma el investigador Luis Córdoba Alarcón.
Coinciden en que las únicas medidas aprobadas que marcan la diferencia son la extradición de delincuentes, la confiscación de bienes y la presencia de militares en las calles. Además, estiman que la política de “mano dura” al estilo Nayib Bukele en El Salvador ha funcionado desde el punto de vista comunicacional, pero no desde un punto de vista “realmente práctico”.
“No es factible (un modelo Bukele) en el caso ecuatoriano porque no es la extensión territorial de El Salvador y, en términos jurídicos, implicaría que el presidente rompe todas las garantías de facto. Además, el fenómeno del crimen organizado en Ecuador no es parecido a las pandillas, tienen otras connotaciones y eso hace que no será factible identificarlas como lo han hecho en El Salvador”, destaca Córdova Alarcón.
Piedra señala que si bien el debate público se centró en lo que aparece en las redes sociales como “medidas efectivas”, pero que “no solucionan el problema estructuralmente”, la situación va a empeorar. Por ello, insta a las autoridades a establecer medidas estructurales, más allá de la “maquillaje de seguridad”eso puede ser «realmente efectivo».
“No existen condiciones que te permitan reproducir tu vida en condiciones seguras o normales. Ecuador sigue expulsando migración, por cuestiones de seguridad, impactos en el PIB y el trabajo. Mientras no se resuelva la cuestión del trabajo y el crecimiento económico, no se resolverá la cuestión de la seguridad.«, señala.
La espiral de violencia, según Córdova Alarcón, se va a agravar mientras el gobierno siga aplicando “la misma receta”, con estados de excepción, al fenómeno del narcotráfico.
En su opinión, el presidente debería distanciarse de la guerra contra las drogas y sustituirla por “una guerra contra las armas”, con una política de control de armas que restringe las importaciones, regula la adquisición y limita el porte de armas. “El problema central es que en un país donde hay un mercado de armas enorme, es obvio que se van a utilizar para matar”, subraya el investigador.