El Gobierno prepara un impactante cambio en la industria editorial: derogará el precio único de venta al público de los libros, una medida vigente desde el año 2001. Esta iniciativa, impulsada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha generado un fuerte rechazo por parte del sector editorial y un cruce público en redes sociales.
Un nuevo paquete de liberalización incluye la derogación del precio único de venta al público de los libros, una medida establecida por la Ley 25.542 en el año 2001. Esta propuesta, liderada por el Ministro Sturzenegger, aún no ha ingresado al Congreso, pero ya ha generado controversia en el sector.
El proyecto de 144 páginas propone modificar y derogar regulaciones en diversos sectores, incluyendo el inmobiliario, los medicamentos, los envases, la navegación y la agricultura. En lo que respecta al libro, se destaca la derogación de la Ley 25.542 y la reforma de la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura.
La Ley 25.542 establece que el editor o importador debe fijar un precio de venta uniforme para cada título, que debe ser respetado en todos los canales de venta. Esta norma nació como respuesta a la venta de libros con descuentos que afectaban a las librerías locales. Sin embargo, el Ministro Sturzenegger argumenta que esta ley impide que los libros lleguen a los consumidores a precios más accesibles.
El sector editorial, representado por la Cámara Argentina del Libro y otras entidades, se opone a la derogación de esta ley. Argumentan que la experiencia internacional muestra que la eliminación de leyes uniformes de precios termina elevando los costos de los libros a largo plazo.
La polémica se intensificó con un cruce público en redes sociales entre el Ministro Sturzenegger y el periodista Luis Novaresio, quien describió la derogación de la ley como «crueldad». Sturzenegger defendió su postura, afirmando que la ley actual solo impide ofrecer descuentos en libros, lo que limita la competencia con otros canales de venta.
Este debate refleja una profunda diferencia cultural en cuanto a la regulación de precios y el acceso a bienes culturales. El proyecto de liberalización impulsado por el Gobierno promete seguir generando controversia en diversos sectores.
