El Tribunal Federal suizo ha confirmado un laudo contra España que la condena a pagar 29,6 millones de euros a la energética francesa EDF como compensación por la retirada retroactiva de las primas de las renovables.
La justicia suiza ha anunciado su decisión un año después de que España recurriera un laudo arbitral, resultado de un proceso que tuvo lugar en ese país. En él, EDF reclamaba a España 52,8 millones de euros como compensación por el cambio legal que redujo las primas por las inversiones en energías renovables realizadas por la compañía durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y que se modificaron con Mariano Rajoy al frente. del Gobierno de España. La sentencia definitiva de un arbitraje reducido es la compensación de una obligación de pago de 29,6 millones que España aún no ha desembolsado.
No hay apelación
Según la información conocida hoy, los jueces suizos se refieren en su sentencia al artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía y consideran que es claro respecto de la validez que los países firmantes del acuerdo otorgan a los posibles arbitrajes que pudieran surgir a lo largo del proceso. tiempo. Consideran que «el razonamiento de España no es convincente» y añaden que el argumento judicial de la Abogacía del Estado «se basa casi exclusivamente en la exigencia de preservar el carácter específico del derecho comunitario que no tiene en cuenta ni el más mínimo derecho internacional y la reglas de interpretación de los tratados.
En la misma línea, la justicia suiza considera que, al celebrarse el arbitraje en Suiza, no es posible apelar a una sentencia europea cuyo alcance se limita a las fronteras internas de la UE.
26 condenas contra España
Esta sentencia de un tribunal internacional se conoce apenas 12 días después de la dictada por la justicia alemana y se suma a la ristra de sentencias que acumula España por litigios internacionales en relación con las primas de energías renovables que han hecho que el país acumule 26 sentencias. . por cerca de 1.800 millones de euros en obligaciones pendientes, cifra a la que hay que sumar 250 millones en intereses de demora, costas órdenes, contratación de despachos de abogados y consultores, etc.
El pasado mes de agosto, un juez británico ya acordó embargar varios bienes del Estado español en su territorio como medida para que las empresas demandantes cobraran las indemnizaciones que España se niega a pagar. Ahora, sería Estados Unidos el que podría estar estudiando una acción similar ya que los equipos jurídicos de las energéticas están rastreando posibles activos que puedan ser embargados en ese país ante la insistencia de la abogacía española en negarse a aceptar los resultados de los laudos internacionales dictados en estos conflictos.