toma cuerpo en Perú un tercer intento de destitución del presidente Pedro Castillo

El presidente de Perú, Pedro Castillo, inició esta semana su segundo año en el cargo rodeado de la oposición en el Congreso y por investigaciones de la Fiscalía, lo que crea un escenario que, una vez más, hace dudar a muchos de que pueda terminar su mandato en 2026.

Discurso anual de Castillo, 28 de julio de sólo aumentó las tensiones, Según analistas, en medio del alto rechazo popular al Ejecutivo y al Legislativo, el crecimiento de sectores que exigen elecciones generales anticipadas y el clamor por que se atiendan los problemas del país.

“No veo que en este año legislativo las fuerzas políticas decaigan en sus intentonas golpistas”, anticipó la parlamentaria Betsy Chávez, quien al igual que buena parte del oficialismo, cree que lo que está en marcha es un golpe de Estado contra Castillo encubierto en un proceso de vacancia (remoción).

Por ahora, el congresista Edward Málaga afirmó que se trabaja en la destitución: “Hay una moción que llamamos ‘vacante 3.0’, trabajada por diferentes bancadas. Cuando se consolide el documento, se va a someter a evaluación, presentarlo como un esfuerzo multipartidario«.

Según Málaga, un legislador centrista que se sumó a las ideas de vacancia hasta ahora gestionadas por la extrema derecha, el proyecto 3.0 se diferencia de los dos intentos fallidos de destituir a Castillo en que todo estará muy bien estudiado y no caerá a toda prisa.

Simpatizantes del presidente Pedro Castillo piden el cierre del Congreso. Foto AP

no hay votos por ahora

La oposición, que no obtuvo los votos necesarios (87 entre 130 congresistas) en los dos intentos de juicio político presidencial, acusa al jefe de Estado de «incapacidad moral permanente» derivada de presuntos actos de corrupción que lo rodean.

Los argumentos que apuntaban al «comunismo» de Castillo han sido eliminados del discurso opositor por los hechos que, en un hecho inédito para un presidente en ejercicio, se han convertido en investigaciones formales por parte de la Fiscalía, que lo citó a declarar para el 4 y 9 de agosto. El presidente asistirá a ambas fechas, dijo a la prensa su abogado defensor, Benji Espinoza.

El presidente Castillo y el Congreso tienen muy poca popularidad.  Foto AFP

El presidente Castillo y el Congreso tienen muy poca popularidad. Foto AFP

Los hechos alegados van desde sobornos para Castillo a cambio de regalarle a una empresa la construcción de un puente y comprar biodiesel a otro, a obstrucción a la justicia ocultando testigos, a intervención ilegal en ascensos en el Ejército y la Policía, a plagio en tesis universitaria del ahora presidente.

El exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco -quien se entregó a la Fiscalía tras casi 100 días escondido- y dos cabilderos se han ofrecido a testificar contra Castillo. A ellos podría sumarse el fugitivo exministro de Transporte Juan Silva, la supuesta piedra angular del esquema y de quien se rumorea que está negociando su entrega.

Para algunos congresistas y juristas, los avances de la Fiscalía podrían generar que Parlamento suspende a Castillo por un período mientras se realizan las investigaciones, lo que en la práctica sería un plan B, sin mayoría calificada, como alternativa a la vacancia.

Sin embargo, esto no es compartido por otros sectores de parlamentarios y especialistas, quienes estiman que entre los posibles cargos contra Castillo no hay ninguno que pueda justificar la suspensión. por lo que existiría el riesgo de ilegalidad.

De hecho, hasta ahora la defensa del presidente tiene como estrategia, más que rebatir los casos en sí, argumentar que las acciones fiscales y los intentos de juicio político constitucional no pueden alcanzar al presidente mientras esté en el cargo.

Ante estas dudas, la moción de vacancia aparentemente continúa como el primer objetivo de los opositores. Lo que no está claro es si obtendrán los votos ahora. Según Málaga, ahorita hay 80 congresistas a favor de esa salidaasí que solo faltarían siete.

El gobierno comenzó con 37 diputados del partido Perú Libre (PL), a los que se sumaron cinco del grupo aliado Cambio Democrático, para formar un bloque de 42 que hacía muy difícil que los 88 restantes obtuvieran 87 votos.

Aunque el PL ahora está partido en cuatro pedazos -incluso Castillo renunció al partido-, no está claro si algunos de los que formaron esa bancada apoyarían la vacante. El líder de ese colectivo marxista-leninista, Vladimir Cerrón, es cada vez más crítico, pero no ha hablado de luz verde para la destitución.

Congreso complicado

El Congreso también tiene dos aristas a analizar: que hacer con dina boluarte -miembro del PL y primero en la línea de sucesión- y cómo maniobrar en medio de tu propia impopularidadPues según las encuestas, más del 80% de los peruanos lo rechazan, es decir, unos puntos más de lo que rechaza el gobierno.

Sobre lo primero, un sector de ultraderecha, encabezado por el diputado Jorge Montoya, sostiene que hay que sacar a boluarte incluso antes que castillocon lo que la jefatura de Estado recaería en quien presida el Congreso en ese momento (la actual presidenta, Lady Camones, se comprometió a renunciar si se diera ese escenario).

Otros congresistas no descartan, sin embargo, que se dé el mando al vicepresidente y ministro de Inclusión. Hay un proceso en marcha contra la funcionaria porque cuando ya estaba en el Gobierno continuó en la presidencia de un clubque está prohibido.

En medio de este escenario, la sociedad civil intenta tomar algunas iniciativas, la más notoria de las cuales, impulsada por el expresidente Francisco Sagasti, exige elecciones generales para que un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso asumirá en julio de 2023.

La propuesta, por la que se recogen firmas, tiene un problema: para hacerse realidad, sin embargo, tiene que pasar por los congresistas, muchos de los cuales quieren que Castillo y Boluarte se vayan pero sin que se restrinja el período de la Legislativa.

En medio del entrampamiento, que ha tenido un castillo en las cuerdas durante todo el año, Perú enfrenta amenazas: al costo de vida, al desempleo, a la informalidad laboral, a la inseguridad o a la desigualdad ahora se suma una amenaza real de crisis alimentaria que según los analistas no se atiende como se debe.

“Es como una pelea de cachascán (catch), donde dos rivales se insultan, se pegan muy fuerte, pero a la hora de ponerse de acuerdo en lo peor para el país, ahí sí votan”, dijo en el diario. La republica el exministro del Interior Walter Albán, en alusión a que Gobierno y Congreso han llegado a acuerdos pero hacer contrarreformas conservadoras.

“Eso está claro, la población lo entendió y todas las encuestas así lo indican. Castillo ya no tiene credibilidad, pero el Congreso está peor”, resumió Albán.

Agencia Télam

PB