Luego de las críticas por retirar el capítulo sobre tabaco de la Ley Base, donde el Gobierno cedió ante fuertes presiones del Señor del Tabaco, Ministro Guillermo Francos Aseguró que habrá cambios para el sector en un proyecto de ley que el Gobierno enviará próximamente al Congreso.
«Lo quitamos porque no queríamos generar esta discusión ahora, junto con una ley que trata temas más importantes», justificó el ministro del Interior, este jueves, la retirada del capítulo del tabaco. Y añadió: “Lo vamos a incluir más adelante, en un tratamiento de la Ley de Rentas Internas”.
Con el mantenimiento del esquema actual, Tabacalera Sarandí, empresa propiedad del «El Señor del Tabaco», como apodó Pablo Otero el presidente Javier Milei, seguirá pagando menos impuestos que sus competidores, ya que por una medida judicial dejó de pagar el impuesto mínimo, que es de $800 por cada paquete de cigarrillos, lo que le permitió pasar de una participación del 5% en la industria tabacalera argentina a más del 30. %. % en los últimos seis años.
Esta situación fue reconocida por el propio ministro Francos, quien en declaraciones a Radio Rivadavia sostuvo que «existe un recurso de amparo contra una de las empresas, que Le permitió no pagar impuestos internos durante mucho tiempo. Es competencia desleal. «Tiene precios más bajos y su participación de mercado creció».
Sin embargo, el Gobierno cedió ante el lobby parlamentario del Señor del Tabaco. La cosa es el bloque PRO, encabezado por Cristian Ritondo, Solicitó la modificación de varios artículos del capítulo tabacalero para acompañar al Gobierno en el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.
También planteó objeciones al proyecto original del Gobierno. el diputado libertario Carlos Zapata. Una postura que ya fue propuesta por el bloque Unión por la Patria (UxP), a partir del lobby que venía realizando. el diputado kirchnerista Carlos Castagneto, ex titular de la AFIP albertista, de la que el señor Tabaco se benefició enormemente, según las fuentes consultadas por Clarín.
Así, esta semana el Gobierno decidió cancelar todo el capítulo sobre tabaco del Proyecto de Ley de Bases, y dejarlo «para más adelante», como dijo el ministro Franco.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, salió con Francos y le exigió este jueves que se vuelva a incluir todo el capítulo del tabaco en la Ley Base. «Nadie es responsable de la continuidad del privilegio del señor Tabaco. No fueron los funcionarios del Gobierno, ni los diputados de Pro o La Libertad Avanza. La mano invisible».
Y agregó: «Los gobernadores de las provincias tabacaleras solicitan que La regulación del impuesto al tabaco vuelve a incluirse en el capítulo fiscal de la ‘Ley de Bases’ y que sea discutido en el Congreso. «Así queda claro de quién es la mano y que los responsables den la cara ante los jubilados, y todos los buenos argentinos que están apoyando estoicamente el ajuste, con la esperanza de que se acaben esos privilegios», concluyó Sáenz.
Las modificaciones contenidas en el proyecto original de Ley Base enviado por Milei iban a incrementar la recaudación en 922 millones de dólares anuales, un 24,6%, según la consultora Abeceb. una parte de los cuales iban a ir a las provincias productoras de tabaco. Pero todas esas reformas fueron canceladas.
El proyecto original eliminó el componente fijo del impuesto a los cigarrillos, que es procesado por Tabacalera Sarandí, sino lo que pagan el resto de empresas del sector; elevó la tasa impositiva variable del 70 al 73%; Incorporó precios referenciales de mercado, para ser utilizados cuando el precio de venta reportado al consumidor sea inferior al 20% del precio encuestado (lo que sucede con la empresa de Otero, según sus competidores); e incorporó un cálculo de sanciones con base en los precios de mercado relevados, en el caso de productos sin documentación o con irregularidades.
El proyecto original del Gobierno también iba a tener un impacto en la recaudación de ingresos si en algún momento se autorizaba la distribución de vaporizadores y cigarrillos electrónicos, lo que De ser autorizados, pagarían el 20% de impuestos, según el proyecto de ley original, un porcentaje muy bajo en relación a los impuestos que se pagan por los cigarrillos, según dijo Otero a Clarín, pero esa opción quedó descartada en el nuevo proyecto oficial.
Una fuente del sector tabacalero afirmó que “la distorsión de precios es tal que Tabacalera Sarandí declara ante la AFIP y paga impuestos por sus productos a un precio muy bajo: Red Point $625, Master $568, Kiel $525; mientras que sus productos se venden en alrededor de $1.000 a $1,200 en los quioscos. Es decir, el 50% del precio minorista, entre $600 y $700 por paquete, se gana de manera informal y al margen de la ley».dijo una fuente que cuestiona duramente al Señor del Tabaco.
Según un informe de la consultora Abeceb, del pasado mes de enero, este tipo de prácticas por parte de la empresa de Otero y de otras tabacaleras mucho más pequeñas, pero que actúan de la misma manera, les permitieron crecer fuertemente su participación en el mercado de cigarrillos, al ir del 5,6% del total en 2016 al 38,4% en 2023, generando una “pérdida de recaudación acumulada de US$ 5.823 millones, entre los años 2018 y 2023”.
Denuncia ante la justicia federal
La industria está fuertemente acusada de esta situación. Luis Guinle, presidente de la Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras de Argentina (CANET), presentó este jueves una denuncia ante la Justicia Federal contra Otero, el diputado Castagneto (UxP) y cuatro personas más, para que la Justicia investigue la información recibida en un correo electrónico anónimo, que informaba «que el diputado Carlos Castagneto habría recibido de Pablo Otero la suma de cuatro millones de dólares para distribuir entre algunos miembros de su bloque y para dos diputados del PRO, aunque no menciona sus nombres.
La denuncia presentada por Guinle menciona que ese correo electrónico anónimo incluye a las personas que habrían realizado ese pago, el lugar, el día, la hora e incluso los autos en los que habrían viajado, incluidas las cuentas que Otero habría utilizado para traer » el dinero.» con el que se habría pagado el suculento soborno», según la denuncia judicial, donde exige al juez adoptar diversas medidas probatorias para corroborar los datos contenidos en aquel correo anónimo que llegó a CANET y a las principales empresas del sector tabacalero.
Consultado por Clarín, Otero respondió que «esta denuncia es totalmente falsa»., contradictorio, ridículo y hecho para lograr un efecto en los medios. Como dije varias veces, no conozco al diputado Castagneto, ni a los funcionarios de Gendarmería mencionados en esa denuncia. No tengo cuentas en Bahamas ni en el Banco Itaú, todo es una tontería. Sí tenemos una empresa en Panamá y otras en Estados Unidos, pero están declaradas. Hablan de una chica que trabajó en mi empresa hace diez años y cuando pregunto me dicen que vive en Europa desde hace cuatro años. «Ella pudo haber participado en pagos de sobornos en Argentina para evitar una ley vigente».
Y agregó: «Un diputado no evita una Ley, que no tiene fundamento. Esta es una operación judicial y de prensa, que no representa una amenaza para mí pero lógicamente daña mi reputación. A Clarín y La Nación, que trabajan para Massalin y «Intentan destruirme a través de los medios, les encanta esta farsa y van a escribir mentiras sobre ello durante mucho tiempo». Estoy totalmente tranquilo con esta denuncia y ya estoy acostumbrado al sistema periodístico exagerado», dijo Otero. Clarín.
Con información de: Telam, AF News y OpenAi