El Gobierno cede ante presión de municipios y permite cobro de alumbrado público en facturas de luz
En una decisión de último momento, el Gobierno introdujo una concesión clave para los municipios en el proyecto de reforma del Régimen de Zona Fría y los cargos en las facturas de luz. Se permitirá que se cobren conceptos relacionados con el alumbrado público, siempre y cuando aparezcan discriminados en la factura, excluyendo cualquier otra tarifa adicional.
El cambio fue propuesto minutos antes de la votación en la Cámara de Diputados y liderado por el legislador mendocino y titular de la Comisión de Energía, Facundo Correa Llano, quien operó como miembro informante del proyecto del partido gobernante.
En el artículo 5 del dictamen original se establecía que se discriminarían los diferentes conceptos en la factura al usuario, sin incluir conceptos distintos al servicio de energía eléctrica. Sin embargo, se solicitó incorporar la frase «sin perjuicio del alumbrado público», abriendo así la posibilidad de recaudación para los alcaldes.
Esta incorporación fue vista como un retroceso parcial por parte del Ejecutivo, ante los reclamos de gobernadores y alcaldes sobre el impacto fiscal de prohibir completamente el cobro de tarifas municipales en las facturas de servicios públicos.
En los últimos meses, la Casa Rosada había endurecido su postura contra los «impuestos municipales ocultos» en las facturas de luz y gas, argumentando que muchos municipios agregaban conceptos no relacionados con el consumo de energía, aumentando el costo final para usuarios y empresas.
Sin embargo, tras negociaciones, se llegó a un punto de equilibrio. El nuevo texto mantiene la prohibición de incorporar cargos ajenos al servicio eléctrico, pero permite el cobro de conceptos inherentes a la distribución de energía o autorizados por los marcos regulatorios provinciales y municipales, como el alumbrado público.
La redacción final busca introducir un criterio de transparencia, exigiendo que los cargos adicionales aparezcan discriminados en la factura, separados del consumo eléctrico. Esta medida permitirá a los usuarios identificar cuánto están pagando por la energía y cuánto corresponde a aportes locales.
Este cambio se interpreta como una señal política hacia los gobernadores, en medio de la creciente tensión entre la Nación y las provincias por la caída de los ingresos y el ajuste de las transferencias nacionales.
La disputa se originó a raíz de la resolución 267/2024, que prohibía a las provincias y municipios incluir impuestos o tasas locales en las facturas de servicios públicos esenciales. Esta medida generó conflictos con los intendentes, que dependen de estos pagos para financiar servicios como el alumbrado público.
En definitiva, la concesión del Gobierno representa un punto intermedio entre la fiscalización de los cargos municipales en las facturas de luz y la necesidad de los municipios de recaudar para mantener servicios públicos básicos. Esta decisión busca equilibrar intereses y garantizar transparencia en los cobros a los usuarios.
