El año pasado, el gobierno nacional sorprendió a los empleados públicos con una modificación importante en la forma en que cobran sus salarios. A través de la Decisión Administrativa 26/2025, publicada en el Diario Oficial en octubre pasado, se estableció la equiparación salarial del personal contratado con los de planta permanente.
Esta decisión, derivada de la derogación de la Decisión Administrativa N° 3 de 2004, marcó un cambio significativo en la determinación de las remuneraciones mensuales y adicionales por grado para los empleados públicos. Se introdujo la consideración de la experiencia laboral, formación y analogía de roles, diferenciando entre el personal regido por el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) y el resto.
El gobierno justificó esta modificación como parte de una revisión exhaustiva de la normativa aplicable en materia de contratación de personal, realizada por la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. El objetivo principal era optimizar los procesos para promover la mejora de la calidad de la gestión en la Administración Pública.
En este sentido, se eliminaron los procedimientos estandarizados que regían la fijación de los salarios de los contratados, en el marco de una reevaluación más amplia de las políticas públicas de empleo. La intención era optimizar los procesos que promueven la mejora en la calidad de la gestión de los organismos que integran la Administración Pública Nacional.
La normativa derogada, la Decisión Administrativa No. 3 de 21 de enero de 2004, se basaba en la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional N° 25.164, la cual regula el régimen de contratación de personal por un período determinado. Esta normativa establecía los lineamientos clave para la remuneración mensual, la equiparación del adicional por grado y la acreditación de antecedentes.
Es importante destacar que, si bien la resolución de 2004 fue derogada, no se establecieron mecanismos de sustitución. En este sentido, el dueño de la unidad de Recursos Humanos o la autoridad superior del servicio administrativo financiero se encargaban de determinar la equiparación correspondiente, mientras que las Unidades de Auditoría Interna debían monitorear el cumplimiento de estos requisitos.
En conclusión, los cambios implementados en el régimen de empleo público buscan mejorar la calidad de la gestión en la Administración Pública y garantizar una equiparación salarial justa para todos los empleados públicos.
