El debate sobre la seguridad pública en el país está contaminado, lleno de prejuicios, lugares comunes, pseudorrelatos con malos sentimientos, simplismos, ingenuidades, reduccionismos, hipocresías e intereses oscuros.
Sigue siendo, sin duda, uno de los grandes problemas nacionales. Pero, ya no somos los mismos de antes, ni es una sentencia ineludible, ni las “culpas” o responsabilidades pueden repartirse por igual entre todos. En honor a la verdad, hay progreso, es posible construir mejores realidades, hay fórmulas que dan mejores resultados que otras, y es posible diferenciar un mejor trabajo de unos actores políticos e institucionales sobre otros.
Si nos centramos en el delito más importante para explicar el nivel de violencia, que es el homicidio doloso, encontramos que tras el recrudecimiento de la inseguridad en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña NietoFinalmente, hay un registro de contención y disminución de la delincuencia con la actual administración. De 2018 a 2021, la tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes pasó de 23,22 a 21,92, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Y si revisamos en detalle los resultados por entidad federativa, también veremos cosas interesantes. Mucho se ha dicho que el homicidio es un delito de derecho común, y por lo tanto competencia de los gobiernos locales, y lo es, aunque en corresponsabilidad con la federación, considerando que buena parte de los homicidios ocurren como parte del narcotráfico y otros expresiones del crimen organizado.
Pues bien, al comparar los esfuerzos estatales de los gobiernos que llevan más tiempo en el cargo, es decir, los elegidos en 2017 o 2018 (cuatro o cinco años gobernando), los que tienen peores resultados son los Estado de México y Guanajuato, con incrementos en la tasa de homicidios dolosos de 11 por ciento y 5 por ciento, respectivamente. Por el contrario, algunas entidades se destacan favorablemente, como Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Yucatán, que han logrado reducciones entre 15 y 32 por ciento, en la misma tasa de homicidios, desde que fueron elegidos y hasta el año 2021.
Incluso entre los gobernadores que fueron electos en 2021, y por lo tanto tienen un año o menos en el cargo, en la gran mayoría de los casos hay una estabilización o leve disminución de los delitos violentos a la fecha, excepto en dos: Nuevo León y Colima.
En este sentido, los gobiernos de Alfredo del Mazo y Diego Sinhué tienen mucho que explicar sobre su pobre desempeño en seguridad, después de tiempo más que suficiente para haber cambiado el rumbo.
Los gobiernos locales deberían dejar de lado las redes. Como ilustran los casos de Yucatán y Querétaro, la coordinación es mucho más valiosa que la confrontación para generar mejores escenarios de paz. La discrepancia y el insulto solo ocupan titulares; acuerdos pueden conducir a la tranquilidad.
POR JESÚS ÁNGEL DUARTE
COLABORADOR
MAAZ
Continuar leyendo: Centrar el debate por la tranquilidad