El Senado se prepara para debatir un proyecto clave: la reforma de la propiedad privada en Argentina. Este jueves, el oficialismo buscará obtener la media sanción del proyecto impulsado por el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que promete cambios profundos en el mecanismo de desalojo de inmuebles en el país.
El proyecto original ha experimentado numerosas modificaciones a lo largo del debate. Sin embargo, un capítulo en particular ha capturado la atención de inquilinos y propietarios por igual: el que regula cómo los propietarios pueden recuperar sus propiedades en caso de incumplimientos.
El objetivo principal de la norma es agilizar los procesos judiciales relacionados con la recuperación de bienes y brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios. En este sentido, el capítulo que regula los desalojos exprés por casos de usurpación ha generado gran expectativa. Se establece un mecanismo que permite a los propietarios recuperar sus inmuebles en un plazo máximo de 72 horas, siempre y cuando puedan demostrar la propiedad de manera creíble y bajo juramento.
En cuanto a los inquilinos con deudas de alquiler, el proyecto propone un procedimiento más limitado que el actual. Se deberá enviar un aviso previo mediante carta documento para notificar la deuda, y el inquilino tendrá al menos 10 días para regularizarla. De no hacerlo, el propietario podrá iniciar la acción de desalojo en un plazo de 10 días hábiles.
Otro aspecto importante de la reforma es que todos los procesos de desalojo se llevarán a cabo bajo el esquema de juicio sumario, el mecanismo más rápido del sistema judicial argentino. Esto implicará plazos más cortos para responder a la demanda y una limitación en los medios de prueba admisibles, que se reducirán a la prueba documental y pericial.
Además, la reforma incorpora una protección específica para las familias vulnerables o con menores a cargo. En casos donde en el inmueble a desalojar residan menores o personas mayores sin hogar, el juez estará obligado a intervenir ante los organismos de protección locales y el Ministerio Público Guardián. Se establece un plazo máximo de 10 días para asegurar una alternativa de vivienda temporal, sin que esto detenga o suspenda el proceso de desalojo.
En resumen, la reforma de la propiedad privada en Argentina busca modernizar y agilizar los procesos relacionados con los desalojos, brindando mayor seguridad jurídica a los propietarios y protección a las familias más vulnerables. El Senado se prepara para un debate crucial que podría tener un impacto significativo en el sector inmobiliario del país.
