Un grupo de expertos de la ONU acusó al gobierno de Nicaragua de aumentar exponencialmente la violaciónes de derechos humanos el año pasado, al presentar este jueves un informe que llama a fortalecer las sanciones internacionales contra Managua.
El informe del Grupo de Derechos Humanos sobre Nicaragua afirma que el gobierno del presidente Daniel Ortega perpetra «abuso y crímenes» «eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva iniciativa de organización y movilización social».
«El gobierno de Nicaragua continúa perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalente a crímenes contra la humanidad, por razones políticas», declaró el grupo, reiterando expresiones del informe presentado hace un año.
Sin embargo, «la situación ha empeorado» el año pasado debido a la «consolidación y centralización de todos los poderes e instituciones del Estado», especialmente el poder judicial, en manos de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, añade.
“Durante 2023 se ha producido un aumento exponencial de patrones de violaciones enfocadas a incapacitar a cualquier tipo de oposición en el largo plazo”, según el documento.
«El presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y los altos funcionarios identificados en la investigación debe rendir cuentas ante la comunidad internacional», dijo el presidente del grupo de expertos, Jan Simon.
El grupo de expertos es independiente y fue creado en 2022 por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar los abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas contra el gobierno de Ortega, cuya represión dejó 355 muertos y cientos de detenidos. (opositores, líderes sociales, empresarios, periodistas).
Represión «más sutil»
El informe destaca que la represión de toda oposición real o imaginaria «se ha vuelto más sutil», y apunta en particular a «estudiantes universitarios, pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas».
El 9 de febrero de 2023, el gobierno de Ortega liberó a 222 presos políticos, los expulsó a Estados Unidos y los despojó de su nacionalidad, acusándolos de “traidores a la patria”. Una semana después, retiró la nacionalidad a 94 disidentes en el exilio, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
Hace una semana, Ortega justificó el despojo de la nacionalidad de estos 316 nicaragüenses que envió al exilio acusándolos de «traidores» y «vendedores de la patria».
Un obispo, monseñor Rolando Álvarez, también fue encarcelado y despojado de su nacionalidad en 2023, pero prefirió la prisión al exilio. En enero pasado salió de prisión, junto con otros 16 sacerdotes y dos seminaristas, y enviado a Roma en virtud de un acuerdo con el Vaticano.
Asimismo, más de 3.500 organizaciones independientes, muchas de ellas religiosas, han sido cerradas en Nicaragua desde 2018 y sus activos han pasado a manos del Estado. La misma suerte han corrido las universidades católicas, la Cruz Roja y la asociación de Boy Scouts.
«El gobierno ha consolidado una espiral de silencio que incapacita a cualquier posible oposición», afirmó Simon.
«Niños y niñas violados»
El informe sostiene que «niños y niñas han sido vulnerados» por las actividades y opiniones de sus padres o familiares, y «las deportaciones y prohibiciones de entrada a Nicaragua han resultado en la separación» de muchas familias.
«La centralización del poder no sólo garantiza la impunidad de los perpetradores, sino que también socava los esfuerzos para lograr la rendición de cuentas. El gobierno se ha asegurado de permanecer en una burbuja cada vez más sólida para perpetuarse en el poder», afirmó la experta Ariela Peralta.
Además, «la persecución se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua, dados los efectos de la privación de su nacionalidad y personalidad jurídica, la falta de acceso a documentación oficial y apoyo consular», dijo la experta Ángela Buitrago.
«El efecto sobre la población nicaragüense es devastador. Al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional le tomará una cantidad significativa de tiempo y recursos recuperar todo lo perdido», dijo Simón.
Ortega, de 78 años y en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en elecciones disputadasse enfrenta a una ola de condenas de la comunidad internacional por su deriva autoritaria.
El grupo instó a la comunidad internacional «a tomar medidas inmediatas, en particular ampliando las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos».