«Según informes de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y expertos forenses, más de 50 de las 70 muertes en las protestas en Perú fueron (personas) ejecutadas ilegalmente», dijo a Hernando Cevallos, exministro de Salud de Perú. En la Eurocámara, en el marco de la conferencia “Respuestas autoritarias a las nuevas formas de protesta”, en la que se abordó especialmente las protestas en América Latina, el político peruano contextualizó las últimas manifestaciones en su país.
La represión es más que un tiro
“Ejercer la represión de la protesta social no es solo el tiro letal o los gases lacrimógenos. Es manejar el Ministerio Público para que no actúe sobre los represores sino sobre los activistas sociales y sobre las personas que protestan; es ‘terruquearlos’” , señaló Cevallos, utilizando el término peruano para acusar a alguien de ser terrorista. “La Corte Constitucional ha llegado al colmo de dictar una sentencia donde proscribe la protesta ciudadana”, agregó.
En el estudio “Criminalización de la protesta: patrones, actores e instrumentos” elaborado por la organización Paz con Dignidad y por el Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL), se detectan patrones de represión a la protesta social, que se repiten tanto en Perú, como en Colombia, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Brasil, Guatemala, México o Chile. En investigación, no faltan ejemplos europeos.
Antes de la violencia letal, la represión de la protesta social pasa, primero, por la estigmatización (poner el sello de enemigos públicos a quienes protestan), la asociación con labores de inteligencia o la judicialización (aplicando desde multas hasta procesos penales).
La última etapa de violencia letal está precedida por abusos y desapariciones. Erika González, coautora del informe, habló de un montaje estructural y sistémico contra el derecho a la protesta social en la conferencia de la Eurocámara.
Un derecho que suma muchos derechos
¿Existe formalmente el derecho a la manifestación pacífica? Sí, existe, dice Amnistía Internacional. En una campaña mundial contra las amenazas que pesan sobre este derecho, la organización internacional recuerda que las personas que asisten a una manifestación están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.
Todos estos son derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sin embargo, a pesar de que los Estados han suscrito estos acuerdos internacionales, el estudio de la OMAL abunda en ejemplos de cada uno de los patrones para reprimir la protesta social en América Latina. El asesinato de Samir Flores y la militarización en el caso del Tren Maya, en México. Reformas al código penal para neutralizar a líderes sociales en Colombia. Las agresiones en las movilizaciones en Chile. La detención ilegal de los defensores del río Guapinol, en Honduras. El juicio estratégico contra la participación ciudadana (SLAPP), en el caso de las comunidades afectadas por Chevron en Ecuador. Barreras al reconocimiento y financiamiento, como el cierre de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, Guatemala y El Salvador.
Ante esta situación, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villareal, recuerda a los Estados que “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más, sino uno de los fundamentos más importantes de la estructura democrática».
¿Es delito protestar?
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Perú acaba de dictaminar que la protesta social es un delito. “Pero, en realidad, al gobierno peruano ni siquiera le interesa hacer reformas legales o constitucionales para prohibir la protesta. En la práctica, es ilegal. Las leyes no importan”, dijo Cevallos a .
Hernando Cevallos, ex Ministro de Salud de Perú.
Según el estudio de la OMAL, la tendencia en América Latina es fortalecer el derecho penal del enemigo a través de la estigmatización y el enjuiciamiento, que van acompañados de alarma mediática sobre la alteración de la «normalidad» por parte de «terroristas», «radicales», «anti- sistema» y «anti-desarrollo». “Se amplía y generaliza una lógica de seguridad para abordar cuestiones políticas y sociales”, señala el informe.
A partir de la experiencia que reunió como médico en todo Perú, durante la campaña de vacunación contra el COVID-19, el exministro Cevallos insiste en contextualizar las protestas que sacuden a su país desde diciembre de 2022: la exclusión de grandes regiones, la falta de trabajo , la educación y la salud, son una forma sistemática y de larga data de violar los derechos humanos, dice. Y alude así a reivindicaciones históricas, que también llevan a la protesta en otras latitudes.
Por eso «esas regiones excluidas votaron por un cambio y sienten que les han robado la esperanza», concluye el médico y exministro peruano: «¿Cómo no van a tener sentimientos contra el centralismo? ¿Cómo se van a sentir parte de un Todo?». cuando son una isla excluida de todos los derechos ¿Cómo no van a tener derecho a protestar?
(rml)