El 15 de diciembre cerró una de las páginas más oscuras en la historia del parlamentarismo en México. Una mayoría abusiva e irreflexiva impuso una desordenada reforma electoral, cuyos claros objetivos son la desarticulación de nuestro máximo órgano electoral y la garantía de la impunidad de todo servidor público que, valiéndose de recursos del Estado, promueva la imagen personalizada de los funcionarios o realice actos de campaña anticipados. .
La discusión fue larga y estéril y de nada sirvieron los argumentos de una oposición desbordada, que en todo momento presentó un frente común para defender al INE. Falsos y mentirosos fueron los argumentos utilizados por la mayoría para destruir nuestro sistema electoral. Bajo la cruda retórica de la austeridad republicana, se esconde el desmantelamiento de estructuras y el tortuoso intento de controlar las elecciones.
La democracia, en cualquier país donde opere, implica costos y sacrificios, todo en aras de la plena garantía de las libertades cívicas y la organización de elecciones bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Nuestro INE cumple funciones insustituibles: no solo organiza elecciones, actualiza permanentemente el padrón, emite credenciales, desarrolla campañas de promoción del voto y la democracia, implementa sistemas confiables de resultados preliminares y verifica el cumplimiento de normas específicas.
El costo anual de nuestro máximo organismo electoral es seis veces menor que el de la refinería Dos Bocas, y según cálculos ya publicados, la cancelación del Aeropuerto Internacional de Nuevo México ha tenido un costo equivalente al de la operación del INE desde su fundación. . La austeridad que ahora se le aplica al Instituto y que se le impone a sus servidores públicos pone en peligro el funcionamiento eficiente de las elecciones y la expedición de la credencial de elector, cuyo costo es aproximadamente el 40 por ciento de los gastos de funcionamiento del Instituto.
La reforma constitucional que rechazó la Cámara de Diputados, así como el Plan B, llevan el hedor de la violencia y destrucción presidencial Como parte de la ola destructiva, se violan abiertamente los derechos de los ciudadanos, se viola el principio de progresividad del derecho al voto de quienes residen en el exterior y el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas.
Falaz y torpe es el argumento según el cual, ahora las elecciones serán organizadas por el pueblo. La mayoría rapaz y obediente olvidó que, desde que se creó el IFE ciudadano, las elecciones las organizamos entre todos: son nuestros vecinos quienes reciben las credenciales, vigilan la jornada y cuentan los votos.
Lo ocurrido el 15 de diciembre ha sido, en realidad, la negación de la larga lucha ciudadana por consolidar un sistema electoral confiable. El revés en la materia es histórico y costoso. Esperemos que las polémicas presentadas derriben una monstruosidad legislativa que, junto con la democracia, también puede destruir nuestras libertades cívicas.
POR GINA CRUZ BLACKLEDGE
SENADORA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DE AMÉRICA DEL NORTE EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA
@GINACRUZBC
CAMARADA
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