El Gobierno de Santa Fe ordenó la presencia de fuerzas de seguridad al interior de la planta que posee la cooperativa láctea Sancor en la localidad de Sunchales, a raíz de un largo conflicto laboral que suele paralizar las actividades.
La decisión de enviar fuerzas policiales a Télam fue confirmada por voceros de la cartera de Seguridad provincial, luego de que el ministro de Trabajo local, Roald Báscolo, asegurara tras una visita a la planta que no iban a permitir bloqueos por parte de distintos grupos sindicales. .
La medida apunta garantizar los derechos laborales de los empleados que no se adhieran a medidas contundentesy también el de los huelguistas.
«Respetamos el derecho de huelga, teniendo quejas de trabajadores que no recibieron su salario completo», dijo Báscolo.
«Pero también respetamos el derecho al trabajo de quienes así lo deseen», añadió.
La planta de Sancor en Sunchales cruza una larga disputa laboral entre los administradores de la cooperativa y el sindicato del sector, Atilra.
El sindicato dispuso medidas contundentes por los retrasos en la cancelación de salarios de sus afiliados, lo que, en algunos casos, paralizó la planta principal de la empresa láctea.
Ante esta situación, tras la visita del ministro de Trabajo la semana pasada, el Gobierno de Maximiliano Pullaro decidió enviar fuerzas de seguridad a la planta, para evitar bloqueos.
La medida fue celaborado por el Movimiento Empresarial Antibloqueo (MEAB)quien agradeció al gobernador “por tener policías en la planta, para evitar que mafiosos sindicales maltraten a los trabajadores de Sancor que tienen muchas ganas de trabajar”.
En su cuenta en la red social se denuncian constantes extorsiones a delegados sindicales”.
Para el cuerpo de delegados de Atilra en Sancor, sin embargo, la presencia policial significa «una escalada de intimidación».
En una carta abierta dirigida al gobernador Pullaro, los delegados denunciaron que el ministro Báscolo incurrió en «un grave incumplimiento de sus deberes como funcionario público» y que intentó «asfixiar nuestra demanda laboral».
El cuerpo de delegados justificó estas declaraciones señalando que el propio Ministro de Trabajo reconoció el retraso en el pago de los salarios y que, entre sus funciones legales, está la de «vigilar el cumplimiento de la legislación laboral vigente» y «aplicar sanciones por incumplimiento». observancia de las disposiciones que regulan el trabajo”.
En otro párrafo de la carta, indicaron que «las declaraciones públicas, parciales y anárquicas del Ministro de Trabajo provincial sólo contribuyen a incrementar el malestar que todo conflicto laboral colectivo conlleva».
«Nos enfrentamos a un claro intento de sofocar nuestra demanda laboral justa», concluyeron.
Con información de: Telam, AF News y OpenAi