El oficialismo impulsa en el Senado un proyecto de ley para regularizar contratos de obras públicas paralizadas
En medio de la disputa que comenzó en diciembre de 2023 con provincias y municipios por el tema de obras públicas paralizadas, el oficialismo en el Senado está impulsando un proyecto de ley que busca crear un régimen excepcional para regularizar y cerrar estos contratos. La iniciativa, presentada por el senador Enzo Fullone de La Libertad Avanza, tiene como objetivo reducir los litigios contra el Estado y ordenar administrativamente los expedientes que, en algunos casos, llevan años abiertos sin una recepción definitiva.
El proyecto propone habilitar un mecanismo especial para evaluar, renegociar y cerrar contratos de obras públicas que se encuentran paralizadas desde hace al menos tres años, centrándose especialmente en obras viales nacionales inconclusas o con problemas administrativos que impiden su cierre formal.
Según el texto del proyecto, el objetivo principal es «sanear la situación contractual, mitigar los riesgos de seguridad vial, eliminar pasivos contingentes y optimizar la gestión de infraestructuras y activos públicos». Se busca cerrar expedientes abiertos, ordenar pasivos acumulados y desbloquear conflictos heredados que afectan la gestión de infraestructuras y el patrimonio público.
El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a evaluar y regularizar los contratos alcanzados por el régimen, posibilitando la creación de convenios de regularización entre el Estado y las empresas contratistas. Cada obra será evaluada a través de un informe técnico que contempla el avance físico y financiero, el tiempo de interrupción, las causas de la neutralización, la conveniencia pública y la posibilidad de continuar a través de otros mecanismos contractuales.
Una de las herramientas previstas en el proyecto es la posibilidad de rescindir los contratos «de mutuo acuerdo», evitando sanciones administrativas y exclusiones del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, siempre y cuando no exista «dolo o negligencia grave comprobada». Además, se habilita la condonación de multas y sanciones, la liberación de garantías, la devolución de pólizas y el reconocimiento de gastos de mantenimiento mediante sumas fijas de cierre.
El régimen excepcional propuesto tendría una vigencia de 24 meses a partir de su regulación, y el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los 60 días siguientes a su entrada en vigor. Con este proyecto, se busca no solo reactivar obras públicas paralizadas, sino también cerrar expedientes abiertos, ordenar pasivos acumulados y desbloquear conflictos heredados que afectan la gestión de infraestructuras y el patrimonio público.
