No cabe duda de la importancia de las tareas del Instituto Nacional Electoral, que no sólo es organizador de elecciones, sino también árbitro entre los contendientes políticos y emisor del principal instrumento de identidad ciudadana, entre otras funciones.
Aun así, es muy difícil que el INE justifique racionalmente un presupuesto de 14 mil millones de pesos (sin incluir el dinero del partido) y una plantilla permanente de 18.830 trabajadores en 2022, año en el que no hubo elecciones federales.
Hace años planteé la necesidad de que las finanzas y la plantilla del INE se ajustaran a criterios de racionalidad. En septiembre de 2016, por ejemplo, me preguntaba (perdón por la autocita): «En un país acosado por la delincuencia que mata, secuestra, roba… ¿qué racionalidad presupuestaria puede haber si se gasta más en elecciones que en ¿administración de justicia? ?» Y agregó: «El instituto y tribunal federal electoral tienen este año (2016) presupuestos por $18,000 millones…, mientras que la PGR tiene $16,500 millones. El gasto colosal es evidente, más aún si se considera el gasto estatal, que en 2015 superó los $35,000». millones” (Reforma 21/09/16).
Continúan tales excesos en el gasto electoral y las reformas del llamado Plan B de la 4T se justifican frente al engullidor presupuestario que es el organismo electoral. Sin embargo, las reformas no deberían afectar aspectos trascendentales de la estructura y actividad del INE, pero esto no queda al arbitrio de los catastrofistas que auguran el fin de unas elecciones auténticas y libres. Nuestra democracia aún no está consolidada, pero no va a desaparecer por la restricción de los excesos burocráticos, la compactación de áreas y la necesaria reducción de una mastodóntica mano de obra. Por supuesto, los derechos laborales deben estar garantizados en todo momento y eso es lo que prevé la reforma.
Es probable que este jueves 15 de diciembre se apruebe el Plan B, pero en realidad la historia apenas comienza. Seguirá un período de impugnaciones que seguramente tendrá que resolver el Tribunal Supremo.
Sin embargo, más allá del litigio jurisdiccional, sería conveniente que el Congreso abriera algún tipo de consulta para proyectar las consecuencias de las nuevas disposiciones legales. Estas consultas deberían haberse hecho antes, pero ¿cómo llevarlas a cabo en un ambiente en el que, olvidada la imparcialidad, una parte de los directores del INE se comportan abiertamente como activistas de la oposición?
Sin embargo, deben prevalecer los derechos de los ciudadanos y un genuino espíritu democrático para que, en su caso, se definan las correcciones pertinentes. Para evitar males irremediables, es mejor reformar la reforma a tiempo.
Tal ejercicio será posible si se ubica fuera de la esfera de catastrofismo y polarización que ha rodeado al Plan B. En esta hipótesis, habrá que escuchar a los técnicos electorales, quienes preparan y llevan a cabo las elecciones, más que a los representantes informales de la oposición en el INE.
MÁS EN LÍNEA: El desordenado proceso legislativo
Es innegable que el proceso legislativo para ejecutar el Plan B en la Cámara de Diputados fue desordenado y, aunque no estuvieron en la iniciativa presidencial de reformar las leyes, se incluyeron contenidos inconstitucionales, como una nueva disposición, aprobada en San Lázaro y excluida en el Senado, que flexibilizó el umbral del 3% para mantener el registro de partidos, al disponer que para cubrirlo se considerarían los resultados de las elecciones locales de 17 entidades federativas. Ello a pesar de que la Constitución establece expresamente que dicho porcentaje debe obtenerse en una de las elecciones federales.
Esta inconstitucionalidad y otras fueron subsanadas luego de la revisión realizada en el Senado, donde se elaboró un nuevo proyecto de ley que será enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación. Más allá de su polémica situación en Morena, es de reconocer la gestión del líder de la mayoría morenista, Ricardo Monreal, quien logró rectificar agravios, al menos algunos.
Este complejo proceso legislativo muestra el éxito del sistema bicameral, en el que una cámara revisa los actos de la otra y de esta manera se corrigen los errores, cualquiera que sea su origen.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM / OMNIACOLUMNA@GMAIL.COM
MBL
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