La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) exigió este miércoles (03.05.2023) al Estado salvadoreño detener la «persecución» del gremio que, en 2022, registró al menos 147 agresiones, y revertir las reformas legales que «criminalizan «su trabajo.
En ocasión de Día Internacional de la Libertad de PrensaAPES presentó el resumen de casos para 2022 que da cuenta de 161 personas que ejercen el periodismo que fueron afectadas, incluidas 11 que debieron salir del país como medida preventiva.
“APES exige al Estado salvadoreño detener la criminalización y persecución de periodistas y hacer efectivos los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información”, dijo el gremio en un comunicado.
Del total de denuncias recogidas por la Centro de Monitoreo de Agresiones de la APES, en el 49% funcionarios del Gobierno del presidente Nayib Bukele fueron identificados como presuntos agresores. Según el relator para la Libertad de Expresión de la APES, Gabriel Labrador, esto implica un «uso abusivo del poder estatal» contra la prensa, que se da en el marco de un régimen de emergencia que suspende las garantías constitucionales y que se ha implementado como medida para bandas de ‘combate’.
Entre los ataques registrados por APES se encuentran ataques digitales (23); restricciones a la práctica periodística (23); declaraciones estigmatizantes (29); acoso digital (11); acoso laboral (10); amenazas (6), vigilancia y seguimiento (9), entre otros.
Labrador dijo que identificaron «patrones sistemáticos» de ataques contra periodistas, «que coinciden con ciertas narrativas que impulsa el Ejecutivo» y que «nos parece especialmente preocupante».
Por su parte, la presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, llamó a la Asamblea Legislativa a “revertir las reformas legales impulsadas por la mayoría oficialista en el Congreso que criminalizan la labor de la prensa y los medios independientes”. También pidió a la Fiscalía General de la República agilizar la investigación de los casos de espionaje de casi una treintena de periodistas con la software Pegasoque «no ha tenido grandes avances».
Cárcamo indicó que el Ministerio de Justicia, las Fuerzas Armadas y la Policía “deben abstenerse de continuar con las medidas de restricciones arbitrarias contra el gremio y retomar el camino del diálogo”. En el caso de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH), pidió «retomar de manera urgente la comunicación con la Junta de Protección de Periodistas y dar seguimiento oportuno a los casos de violaciones a la prensa”.
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