El gobierno de Nicaragua canceló este martes (04.07.2023) la personería jurídica de la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo, que se dedicaba al servicio de los pobres a través del suministro de alimentos, ropa y oración, y ordenó la expropiación de sus bienes, se informó . en el diario oficial La Gaceta.
Mediante una resolución del Ministerio del Interior (Interior), la asociación católica Fraternidad Pobres de Jesucristo, en la que colaboraban cuatro monjas brasileñas que abandonaron el país, fue clausurada, al parecer tras la negativa del gobierno de Daniel Ortega a renovar sus permisos de residencia. .
Registrada formalmente en Nicaragua en 2019, la asociación religiosa llevaba siete años trabajando en el país, con sede en el departamento de León, 90 kilómetros al oeste de Managua.
El gobierno argumentó que la organización religiosa no había renovado su junta directiva desde 2021 ni había informado sus estados financieros entre 2020 y 2022, argumentos similares a los aplicados a más de otras 3.300 ONG que cerraron en los últimos años.
Además de disolver la Fraternidad Pobres de Jesucristo, el Ministerio del Interior dispuso el decomiso de sus bienes, ordenando a la Fiscalía General de la Nación “transferir sus bienes muebles o inmuebles” al Estado de Nicaragua.
La salida de las monjas a El Salvador y el cierre de la ONG se dan tras largos meses de crisis entre el gobierno sandinista y la Iglesia católica, uno de cuyos obispos, monseñor Rolando Álvarez, cumple una condena de 26 años y cuatro meses de prisión en la prisión Modelo de Managua.
Álvarez fue sentenciado en febrero pasado, tras negarse a ser deportado de Nicaragua junto a 222 «presos políticos» liberados y enviados en un avión a Estados Unidos, según el propio Ortega.
El mes pasado, el gobierno informó que investigaba a la Iglesia Católica por ser parte de una supuesta “red de lavado de dinero” en coordinación con opositores políticos, y canceló varias cuentas bancarias de parroquias y diócesis en diferentes partes del país.
Ortega ha acusado a la Iglesia de participar en las protestas sociales de 2018, que el Gobierno calificó de «golpe de Estado fallido». El pasado mes de marzo ordenó la «suspensión» de las relaciones con el Vaticano y un año antes había expulsado al nuncio papal Valdemar Sommertag, quien se ofreció a interceder por la liberación de los «presos políticos».
gs (efe, ap)
Read More: Gobierno de Nicaragua cierra y expropia fundación religiosa – – 05/07/2023