La ley de reforma laboral 2026 está generando más controversia de lo esperado. No solo se ha visto un aumento en la pérdida de empleos, sino que también se ha desatado una ola de litigios que ha puesto en aprietos a las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARTE). Esta situación está en camino de establecer un nuevo récord en cuanto a demandas legales en el ámbito laboral.
A pesar de que el número de beneficiarios del sistema formal ha disminuido desde finales de 2023 debido al deterioro del empleo registrado, los disturbios en el mercado laboral continúan en aumento. Entre noviembre de 2023 y enero de 2026, se han perdido alrededor de 290.123 empleos en unidades productivas, lo que representa una caída del 3%. Si se suman los trabajadores de viviendas particulares, la cifra supera los 317.000 puestos de trabajo, lo cual ha debilitado aún más la formalidad en el país.
En ese mismo período, desaparecieron 24.180 empleadores, lo que equivale a unas 30 empresas menos por día. Esta caída afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas, que representan el 99,7% de los casos. La situación laboral se vuelve aún más compleja con el aumento de las demandas contra las ART, que solo en marzo sumaron 13.260 nuevos casos, llegando a un total de 26.697 demandas en el primer trimestre del año.
Si esta tendencia continúa, se estima que el año 2026 cerrará con más de 138.000 ensayos, superando así el pico alcanzado en 2025. Este incremento en los litigios laborales pone de manifiesto las tensiones subyacentes en el sistema laboral y judicial del país.
Desde el sector asegurador señalan que gran parte de los litigios se deben a fallas en la implementación de la ley, especialmente por la falta de cuerpos médicos forenses especializados en varias provincias. Esta situación ha alimentado la incertidumbre en la evaluación de las discapacidades, lo que ha impulsado la industria judicial en el país.
Ante este escenario, algunas provincias como Santa Fe y Mendoza han tomado medidas para incorporar peritos médicos forenses específicos para riesgos laborales, buscando cerrar una de las brechas operativas del sistema. En la provincia de Buenos Aires, un reciente fallo de la Corte Suprema ha intentado poner límites a la discrecionalidad en la capitalización de intereses, que estaba generando disparidades y alimentando los litigios.
A nivel nacional, el Congreso aprobó la Ley de Modernización Laboral, presentada como una herramienta para reducir los conflictos y brindar mayor previsibilidad. Sin embargo, su impacto real aún está por verse. Con un 2026 que podría marcar un nuevo récord en demandas laborales, el desafío para el Gobierno de Javier Milei será reconstruir el tejido productivo y el empleo formal, al mismo tiempo que avanza en reformas que busquen reducir los conflictos sin afectar los derechos laborales.
