Con el objetivo de documentar las anomalías, demoras y atención que tiene la Fiscalía Especializada en Atención a los Desaparecidos de Jalisco en el tema de los desaparecidos y donde hay una serie de asuntos que atender, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), presentó el documento “Fiscalía a la deriva. Informe a 5 años de la creación de la Fiscalía de Personas Desaparecidas en Jalisco”.
Un dato que llama la atención es que el 47,22 por ciento califica de malo o muy malo el trato que recibió por parte de la Fiscalía, y que sólo el dos por ciento de las investigaciones por desapariciones llegan a juicio.
En jalisco existen 37 dependencias del Ministerio Público, de estas, 22 se encuentran en el área metropolitana de guadalajara y 15 en las regiones y en ellas existen 10.355 expedientes entre carpetas de investigación y averiguaciones previas por personas que continúan desaparecidas y 1.705 por asuntos donde se localizó a la persona, pero el caso aún se encuentra en investigación penal para la persecución del delito. En total, hay 12.060 investigaciones, lo que significa que cada Agencia del Ministerio Público debe hacerse cargo de los archivos 326.
Sin embargo, solo el dos por ciento de las investigaciones llegan a etapa judicial y actualmente hay once condenas: cinco por desaparición forzada de personas y seis por desaparición cometida por particulares.
“Una de cada 10 personas dijo que no hay personas detenidas por su probable relación con su caso, sin embargo, solicitamos información a la Fiscalía Especial y nos respondieron que tienen 455 personas detenidas en flagrancia o por orden de aprehensión por su probable participación en este delito y si relacionamos este dato de la 10 mil 60 archivos, podemos darnos cuenta que solo cuatro personas de cada 100 expedientes activos en la Fiscalía por desaparición de personas están detenidas”, explicó Francisco Campos.
Revictimización
La revictimización por parte de los servidores públicos es una constante y las familias mencionaron que al momento de presentar la denuncia, el 40 por ciento les dijo que “su familiar andaba tramando algo”; en el 37 por ciento, que “iba en malos pasos”; en el 27 por ciento, que «estaba en el lugar equivocado»; en un 18 por ciento que “fue a una fiesta y finalmente, en un 14 por ciento “que fue con el novio/a”.
Además, el 78 por ciento de las personas que han denunciado ante la Fiscalía Especial se reconoce víctima de omisiones y demoras en la obtención de información y el 91.9 por ciento no recibe información sobre las investigaciones o seguimiento de sus casos, además del hecho eso en el 52.7 por ciento.
El 60 por ciento de las familias que participaron en este diagnóstico indicaron que han presentado una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) con el objetivo principal de agilizar las investigaciones de sus casos, sin embargo, en el 72 por ciento de los casos han tenido que esperar entre un año y año y medio para que la dependencia se pronuncie sobre sus casos y tome alguna decisión. recomendación.
Así, el documento incluye una serie de recomendaciones que serán compartidas con la propia Fiscalía, organismos nacionales e internacionales, entre otros, la Comisión Coordinadora del Sistema Estatal de Búsqueda, el Consejo Ciudadano Estatal de dicho Comité y Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o involuntaria, así como Comité contra la Desaparición Forzada, ambos Sistema Universal de Naciones Unidas.
Los datos que se integran en el documento se basan en la recopilación que se hizo a través de encuestas aplicadas a 72 familias que buscan a una persona desaparecida.
Omisiones y vicios
Por su parte, jonathan avila Dijo que este informe pretende que además de ser un diagnóstico documentado de las omisiones y vicios que tiene la dependencia y lo que sufren las familias de los servidores públicos, esperan que pueda ser una herramienta para revisar las necesidades y carencias que tienen las instituciones y se contemplan presupuestos para corregir esto.
“Que también puede ser un insumo en ese sentido, y hemos analizado específicamente el presupuesto, y que eso se puede retomar, para varios procesos, uno es el diagnóstico, la posibilidad de sentar unas bases para algún plan institucional y pensar sobre algunos indicadores, que eso también se presenta en el presupuesto que el gobernador va a enviar al Congreso en noviembre, esos indicadores también”.
Finalmente, Ana Carolina Chimiak, codirectora del CEPAD presentó recomendaciones como la creación de modelos alternativos para la recepción de denuncias; diagnóstico del estado del proceso; especificar mediante acciones, la autonomía de la Fiscalía Especializada; hacer públicos los informes Departamento de Análisis y Contexto así como implementar un plan de persecución penal.
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