La confianza en la Justicia en Argentina se desploma: ¿qué está pasando?
El primer semestre de 2026 ha sido testigo de un fuerte deterioro en la confianza de los argentinos en el sistema judicial. Según el Índice de Confianza en la Justicia (CIJ) elaborado por FORES y la Facultad de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, el indicador se ubicó en 48,7 puntos, lo que representa una caída de 3,7 puntos respecto a la medición anterior y un retroceso del 7,1% en apenas seis meses.
Este dato cobra relevancia por ser el mayor descenso semestral desde que se retomó la realización de la encuesta en 2023, devolviendo el indicador a su promedio histórico registrado entre 2004 y 2011, período en el que se llevó a cabo la primera etapa del estudio.
El informe señala que la caída fue impulsada tanto por el deterioro de las percepciones sobre el funcionamiento de la Justicia, como por la menor disposición de los ciudadanos a recurrir a ella para resolver determinados conflictos. El subíndice conductual cayó hasta los 70,8 puntos, mientras que el subíndice perceptual bajó hasta los 26,5 puntos.
En cuanto a los conflictos familiares y situaciones vinculadas a delitos, el informe indica que el descenso del componente conductual se concentró especialmente en estos ámbitos. Por ejemplo, ante una separación de bienes, el porcentaje de personas que aseguraron que no acudirían a los tribunales alcanzó el 23%, el valor más alto de toda la serie.
En lo que respecta a la percepción de la calidad institucional del sistema, los cuatro atributos evaluados por el estudio registraron caídas en imparcialidad, eficiencia, honestidad y capacidad de control de los poderes políticos y económicos. Destaca que solo un 10% de los encuestados considera fiable la capacidad de la Justicia para controlar estas competencias, mientras que el 89% tiene una opinión negativa.
Además, la encuesta reveló que la referencia a una «mala experiencia previa» como motivo para no acudir a los tribunales se ha duplicado en apenas seis meses, pasando del 11% al 24%.
Los investigadores advierten que este fenómeno difícilmente puede explicarse por experiencias personales directas, ya que la proporción de personas que efectivamente participaron en un procedimiento judicial en los últimos tres años apenas aumentó del 16% al 18%. Por ello, sostienen que la percepción estaría influenciada por sentencias, casos mediáticos o eventos públicos que los ciudadanos interpretan como ejemplos de un mal funcionamiento del sistema.
Entre las demandas para mejorar la confianza en la Justicia se encuentran reducir la injerencia de la política y el poder económico, mayor transparencia en los procesos judiciales, mejor educación y formación de los jueces, y reducción de los tiempos de prueba.
A pesar del deterioro general, el estudio detectó que quienes tuvieron contacto directo con la Justicia mantienen niveles de confianza por encima del promedio. Sin embargo, los autores aclaran que este contacto aumenta la disposición a utilizar el sistema, aunque no necesariamente mejora la imagen que se tiene del mismo.
En conclusión, la brecha entre el uso de la Justicia y la confianza que genera se ha ampliado, planteando nuevos desafíos para uno de los poderes del Estado con menor calificación pública. La ciudadanía no pide reformas abstractas, sino mejoras concretas que restauren la confianza en un sistema fundamental para el correcto funcionamiento de la sociedad.
