Febrero de 2023 podría pasar a la historia como el mes en que perdimos nuestra democracia. En los próximos días, la mayoría oficialista aprobará en el Senado las cuatro leyes pendientes del Plan B, eufemismo que utiliza el Presidente para una serie de modificaciones legales que, de hecho, destruirían el INE tal y como lo conocemos, y comprometería la libertad y la certeza de los votos.
El Plan B desmantela la capacidad operativa del INE en innumerables áreas cruciales: desde capacitar a los miembros de mesa, garantizar la confiabilidad del padrón electoral y organizar las elecciones, hasta contar y salvaguardar los votos. Entre otras cosas, contempla despedir alrededor del 85% del personal especializado que labora en las 32 entidades y 300 distritos de México. El gobierno lo justifica argumentando que el INE es caro, pero es falso: su gasto representa el 0,2% del presupuesto federal para 2023.
El verdadero objetivo del gobierno no es ahorrar; es controlar el Instituto, cometer actos ilegales de campaña y, al parecer, crear condiciones para desconocer las elecciones que no gana. Por ejemplo, el Plan B faculta a los órganos gubernamentales para definir quién puede votar; valida que las campañas se realicen con recursos públicos y dificulta el registro de los representantes de los partidos o la elaboración del Programa de Resultados Electorales Preliminares, que puede ser utilizado para impugnar urnas adversas al oficialismo. Puede encontrar un análisis detallado de los riesgos del Plan B aquí: https://bit. ly/3kXCIxU.
Se trata, por tanto, de una reforma destinada a debilitar al árbitro electoral. Pero, ¿cómo es posible, si hasta el 76% de los ciudadanos apoya al INE (Parametría)? El problema viene desde 2018, cuando Morena y sus aliados obtuvieron mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado, en parte por un artificio legal que les otorgaba más legisladores que los que les daban las urnas. En 2021, los ciudadanos le quitarán al oficialismo la capacidad de cambiar unilateralmente la Constitución, pero mantienen una “mayoría simple”, con la que pueden imponer leyes, aunque la oposición vote en contra.
Ante el abuso del oficialismo en el Congreso, el principal recurso que queda es la Corte. Muchas medidas del Plan B son inconstitucionales y la Corte puede suspenderlas. Legalmente no hay duda: usted debe hacerlo. El problema serán las presiones políticas.
Otro recurso es la movilización ciudadana. Si bien esto no tiene consecuencias legislativas inmediatas, sí tiene repercusiones políticas: si una mayoría lanza un mensaje claro de que en las próximas elecciones rechazará a quienes traicionan la democracia, no solo se mantendrá firme la oposición, sino algunos sectores del oficialismo. pensará seriamente en su futuro cuando termine el sexenio de la borrachera lopezobradorista. Ya se convocaron nuevas marchas para este 26 de febrero. Hay que asistir.
El INE es una de las instituciones más eficientes que hemos creado en dos siglos de historia; ella es una de las pocas que sirven en estos tiempos de ineptitud y cobardía. Cuidémoslo, porque es el resguardo para que nuestro voto siga importando.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
COLABORADOR
@GUILLERMOLERDO
CAMARADA
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