En un régimen que se está transformando es normal que haya iniciativas de reformas político-electorales, y en cualquier democracia también es normal que haya resistencias a cambiar las reglas del juego. La derecha del país miente cuando se apropia del discurso de defensa del INE, como si su creación (1990) hubiera sido una iniciativa espontánea del poder de turno y no, en realidad, un pacto entre el PRI y el PAN para despresurizar y dar pie a un cambio social que ya no pudieron detener.
¿Y por qué esto es asunto de todos? En los próximos días se discutirá la reforma electoral enviada por Andrés Manuel López Obrador a la Asamblea Legislativa, que propone recorte de gastos en las elecciones por más de 20 mil millones de pesos, reducción de concejales, reducción de financiamiento a partidos políticos y conjunto de cambios tendientes a fortalecer el modelo de participación ciudadana a través de consultas, rebajando el umbral de vinculación constitucional en la revocatoria de mandato.
Quizás el «argumento» del que más se habla estos días es el de la ciudadanía, que, según los detractores de la propuesta del Presidente, está en riesgo. En principio, no hay que olvidar que el INE no nació como existe hoy, de hecho nació con unas capacidades muy limitadas desde la reforma de 1989 y no fue hasta 1993 que por presiones de la oposición surgió la figura de “ observadores electorales” y no se proponía para la representación de los partidos como la conocemos hoy, sino para los ciudadanos que participarían a título personal.
La ciudadanía de la que habla la derecha tiene su origen en 1994, uno de los años más convulsos de la historia política de nuestro país, fue la presión social de aquellos días la que logró quitarle el poder ejecutivo al Consejo General y no una concesión. del régimen priísta. La ciudadanía así reconocida por sus promotores implicaba que quien enfrentaba una responsabilidad no formaba parte de los intereses del partido, que no formaba parte ni dependía en modo alguno de un partido político.
Hoy el INE avaló la designación de un miembro activo del PAN como asesor electoral en el Edomex, sin más. Este hecho no es aislado, por el contrario, solo materializa lo que se viene rumoreando desde hace tiempo, que los órganos electorales, administrativos y jurisdiccionales son espacios de cuotas y compinches. Hoy el presidente propone que se caigan las máscaras y que en todo caso el pueblo elija a los concejales y magistrados, algo que enfurece a la derecha porque en realidad prefieren imponerlos, así como así, dándoles un barniz de «ciudadanización». Si la derecha no acepta la propuesta de AMLO, que presente una más adecuada a los tiempos que vivimos, pero que no se escuden en la defensa del INE, ni de la ciudadanía, ni de la imparcialidad. Se necesita una oposición seria en México.
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