Proyecto para regular la actividad de lobby enfrenta fuerte oposición en la Cámara de Diputados
El proyecto para regular la actividad de lobby impulsado por el gobierno nacional encontró un freno casi unánime en la Cámara de Diputados. En la última sesión informativa conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Ninguno de los 26 oradores invitados apoyó el texto enviado por el Poder Ejecutivo y tampoco hay consenso en las conversaciones informales entre los bloques.
Críticas y cuestionamientos a la iniciativa
Organizaciones de la sociedad civil, entidades profesionales y cámaras empresariales acordaron Cuestionan aspectos centrales de la iniciativa, desde la amplitud de las definiciones hasta el esquema de sanciones. Ante este escenario, La Libertad Avanza optó por posponer el fallo y abrir una instancia de negociación con los bloques de diálogo, que ya trabajan en propuestas alternativas.
Entre las denuncias más repetidas estuvo la del cámaras empresariales que preguntaron distinguir entre la representación de intereses particulares y la representación colectiva ejercida por entidades sindicales. También La figura del “principal extranjero” generó rechazo, que exige a quienes reciben financiamiento o cooperación internacional registrarse como agente de intereses externos.
Origen y detalles del proyecto
El proyecto, que ingresó formalmente a Diputados a finales de mayo con la firma de Javier Milei, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni y Diego Santilli, crea un Registro Público de Gestores de Intereses y obliga a los legisladores, autoridades administrativas de ambas Cámaras y funcionarios con rango no inferior a Director a registrar las audiencias de gestión de intereses. Prevé multas de entre 500 salarios mínimos e inhabilitación permanente para quienes incumplan.
Posible influencia externa y compromisos internacionales
Paralelamente al freno legislativo, Surgió la pregunta de si el proyecto responde a una solicitud específica de Estados Unidos, lo que en el oficialismo significaría un componente a favor de la insistencia parlamentaria mientras que sería un freno aún mayor para la oposición. El caso es que el texto reproduce el modelo americano de registro de lobistas.
Fuentes del Ministerio de Desregulación comentaron a este diario que “No fue una petición de Estados Unidos” aunque sí admitieron que hay compromisos asumidos con Washington en términos de buenas prácticas regulatorias, pero que tienen otro contenido y otra finalidad.
Compromisos de transparencia y modernización institucional
Estos compromisos tienen como objetivo, entre otras cosas, publicar proyectos de normas, abrirlos a comentarios y dar respuestas antes de firmarlos o publicarlos en el Boletín Oficial, además de realizar análisis de impacto regulatorio sobre las iniciativas, antes de avanzar con la discusión. Estos compromisos están contenidos en el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones entre Argentina y Estados Unidos.
El capítulo de gobernanza regulatoria no es un compromiso aislado dentro del Acuerdo: coexiste con obligaciones similares en materia aduanera y de propiedad intelectual, que también empujan al Estado argentino hacia estándares más predecibles y trazables.
En propiedad intelectual, obliga a Argentina a fortalecer la observancia civil, penal y fronteriza, y fija plazos específicos. Ese cronograma, sin embargo, aún no se ha ejecutado: Dado que el Acuerdo no fue aprobado por el Congreso, ninguna de sus obligaciones —ni regulatoria, ni aduanera, ni de propiedad intelectual— hoy es legalmente exigible.
El propio Sturzenegger definió públicamente el capítulo regulatorio como parte de una agenda de modernización institucional más amplio, no como una solicitud específica vinculada a una ley específica como la gestión de intereses.
