Esta semana se habló de la posibilidad de que el gobierno federal y Morena reactivar la iniciativa de reforma de la industria eléctrica del Cámara de Diputados, y trascendió que integrantes de la alianza mayoritaria se reunieron con el secretario de GobernaciónAdán Augusto Lópezen un encuentro en el que se dijo que se buscará la construcción de consensos para impulsar no solo la reforma eléctrica, sino también la electoral.
Este no es un tema menor, en abril cuando el oficialismo presentó la propuesta del Ejecutivo sin mayores modificaciones, a pesar de las implicaciones locales e internacionales, además de lo expuesto en los parlamentos abiertos, donde voces especializadas de la sociedad civil argumentaron fallas sistémicas en su secciones, la alianza opositora derribó la iniciativa, desarrollando un incipiente mecanismo de contrapesos políticos, previo al proceso electoral de 2024.
Sin embargo, en un giro político, hace apenas unos días, el oficialismo, con la participación de legisladores opositores, aprobó la ampliación del plazo de participación del Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, rompiendo así no sólo la moratoria constitucional planeada por la oposición, sino también la propia alianza.
Ante estas transiciones en la correlación de fuerzas, vale la pena cuestionar dos puntos principales que considero importantes.
El primero está relacionado con la necesidad de querer revivir la iniciativa de reforma de la industria eléctrica.
Cuando esto ya pasó como ley general y ya fue validado en la Corte, parece más bien que se trata de replicar la operación que se lanzó, pero en el Senado de la República, una artimaña del Secretario López Hernández, buscando aumentar su capital político y llamar la atención de los presidencia de la republicaen una carrera por la candidatura presidencial que ya es muy evidente y cada vez más discutible, dado el descuido en el cotidiano operativo institucional que se ha presentado recientemente.
En segundo lugar, representaría un altísimo riesgo en política exterior y comercial, la posible aceleración de un proceso de reactivación de una legislación que viola lo acordado en los tratados internacionales, específicamente el T-MEC.
Es patear la puerta para que las diferencias que se habían trabajado a través de mecanismos diplomáticos y económicos ahora se conviertan en verdaderas disputas en paneles comerciales y tribunales internacionales, con sanciones brutales para la economía mexicana.
Creo que lo que se pretende con esta transición de fuerzas legislativas apunta más hacia la posibilidad de facilitar una eventual reforma electoral, aprovechando el impasse político que genera la alianza oficial en un escenario preelectoral cada vez más definitorio y una actividad legislativa cada vez más contundente. .
POR AZUL ETCHEVERRY
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@AZULETCHEVERRY
MAAZ
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