El líder del Frente Renovador y concejal de Unión por la Patria (UxP), Facundo Albini y su padre, Claudio -exfuncionario de la Cámara de Diputados- Permanecerán presos mientras se desarrolla el proceso por la maniobra ilegal con el manejo de tarjetas de débito de la Legislatura bonaerense.
Como se confirmó a Clarín En los juzgados de La Plata, el Juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio rechazó un pedido de libertad presentado por la defensa del imputado. Consideró que ambos políticos vinculados al masismo provincial harían parte de una asociación ilícita que se dedicaba a defraudar al Estado a través del manejo de los salarios del personal contratado en la Cámara de Diputados de Buenos Aires. No serían los jefes, pero sí miembros de la organización.
En el fuero penal de La Plata explicaron que «(el pedido de libertad formulado por la defensa) se rechaza por las características del hecho, la gravedad, la pena esperada y porque se considera que, de dictarse la pena, se llevará a cabo efectivamente».
En otras palabras: el panorama judicial de los Albini es oscuro. Deberían permanecer detenidos hasta el juicio oral. Y si un tribunal ratifica las presunciones que han presentado hasta ahora los investigadores, permanecerán en una celda un tiempo más.
El responsable de la tarea de extracción del dinero fue Julio “Chocolate” Rigau, quien fue detenido el pasado 9 de septiembre con 48 trozos de plástico en su poder y 2,2 millones de pesos en una bolsa del consorcio. Se encontraba en las cajas de un cajero automático de una sucursal del Bapro en plena capital provincial.
Se presume en la investigación que este dirigente del peronismo platense era un eslabón de una cadena que ascendía a dirigentes políticos de mayor rango. En esas altas esferas aparecen Facundo y Claudio Albini (quien se desempeñó como director de Personal de Diputados).
Por eso Atencio evaluó -además- que Existe un “riesgo procesal” respecto a la eventual liberación de los Albini que llevan una semana encarcelados, alojado en el celador “Roberto Petinatto” del complejo penitenciario de Abasto, en las afueras de la capital bonaerense.
Atencio había resuelto ayer la liberación de 15 de los 48 dueños de los plásticos con los que cobraban la totalidad de sus salarios, casi todos 480 mil pesos (en ese momento). Repasó un primer criterio para imputarlos como integrantes de la banda criminal. En su nueva evaluación afirman que son responsables del delito de defraudación al Estado, lo que permite su liberación.
La tarea de recopilación de registros y pruebas está a cargo de Fiscal Betina Lacki. Ella solicitó las detenciones y también ordenó y realizó una investigación sobre el celular de Rigau. De allí habría obtenido los principales indicios del funcionamiento de la estructura criminal armada para obtener recursos de las arcas del Legislativo.
El «escándalo de las cartas» podría dar lugar a nuevas revelaciones. Por ahora, Atencio y el investigador Lacki le pusieron el mayor peso de responsabilidad a Albini hijo (quien fue contratado en Diputados hace unos años), representante del Frente Renovador Provincial, y a su padre Claudio. También, por supuesto, en la acción de Rigau.
Pero, consideran que «los contratos (que fueron adjudicados a estos 48 ciudadanos) son otorgados a los diferentes legisladores para que, posiblemente, con el avance de la investigación se pueda identificar a los cabecillas de la asociación delictuosa».
Allí podrían figurar los responsables de la gestión de la Cámara, encabezados por Federico Otermín (obispo de Martín Insaurralde, hoy desaparecido del panorama político por el caso del viaje a Marbella con una actriz), Adrián Urrelli (Pro), Rubén Eslaiman (Frente Renovador), Carlos Moreno (kirchnerista) y Fabián Prechodnik (Pro).
Todos comparten los puestos jerárquicos en la Cámara de Diputados. Eslaiman, un legislador de gran confianza para el ministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa, está bajo la lupa de los investigadores. Por ahora, en el celular de Rigau sólo aparecen algunos mensajes que podrían comprometerlo.
En el auto que solicita prisión, Lacki y Atencio estiman que el fraude al Estado se repite «al menos» en 136 ocasiones. Así lo pudieron comprobar con los documentos que “Chocolate” fue secuestrado en allanamientos. Y que la maniobra habría causado una pérdida a las arcas públicas de al menos 800 millones de pesos. Esta operación se repitió todos los meses (retirando 480 mil pesos de 48 tarjetas con casi 23 millones mensuales) y durante al menos tres años.
La Plata (Corresponsal)
Con información de: Telam, AF News y OpenAi