El Gobierno nacional sorprende a la industria minera con una reforma histórica
En una movida inesperada, el Gobierno nacional ha dado un paso crucial para el sector minero con la oficialización de la reforma del régimen de inversiones mineras a través del Decreto 482/2026. Esta medida, que reemplaza el anexo del histórico Decreto 2686/93, tiene como objetivo principal adecuar la normativa a los nuevos sectores productivos, tecnológicos y administrativos, con la finalidad de potenciar la competitividad del sector.
Uno de los cambios más destacados en esta reforma es la racionalización del régimen de importación, donde se ha sustituido el sistema de autorizaciones y certificados previos por una declaración jurada sobre el destino minero de los activos. Esta medida busca simplificar los trámites y agilizar los procesos para las empresas mineras.
En cuanto a la Ley de Minería, se han introducido cambios significativos en el beneficio de devolución del IVA. Ahora, las empresas podrán acceder a una devolución acelerada del IVA en la etapa de exploración, con la documentación limitada a facturas y comprobantes de pago. Además, se ha eliminado la obligación de notificar los trabajos exploratorios antes de su finalización, lo que agilizará los procesos y facilitará la operatividad de las empresas mineras.
Otro aspecto importante de esta reforma es la redefinición del proceso para obtener el Certificado de Estabilidad Fiscal. A partir de ahora, la fecha de inicio de la estabilidad será la presentación del estudio de factibilidad, y el beneficiario estará habilitado para reclamar contra cualquier violación de este derecho. Asimismo, se ha establecido un mayor requisito de transparencia, con la obligación de mantener actualizado el estudio de viabilidad ante cualquier cambio sustancial en el proyecto.
En cuanto a la logística y la cadena de valor, el Gobierno ha ampliado el límite de integración regional en 500 kilómetros, lo que permitirá una mayor flexibilidad para conectar los depósitos con las plantas procesadoras. Esta medida busca promover la competitividad y extender el impacto económico de la actividad minera a un territorio más amplio.
Por último, la nueva norma armoniza los requisitos de la Ley 24.196 con la Ley General del Ambiente, permitiendo que la acreditación del Seguro Ambiental Obligatorio satisfaga la exigencia de previsión de alteraciones ambientales. Además, se ha incorporado un régimen específico para los proveedores de servicios mineros, quienes deberán acreditar un porcentaje mínimo de facturación en el sector para mantener sus beneficios.
Con esta reforma, que entra en vigor a partir de este miércoles 24 de junio, el Gobierno busca consolidar un marco moderno, ágil y transparente que proporcione la seguridad jurídica necesaria para atraer grandes inversiones al país. Todos los solicitantes de registro actuales deben, como primer paso, constituir una dirección legal electrónica en su próxima presentación anual. ¡Una verdadera revolución para la industria minera en Argentina!
