El Gobierno revoluciona el sector minero con una reforma regulatoria sin precedentes
En una movida sorprendente, el Gobierno ha decidido llevar a cabo una de las reformas regulatorias más profundas en la historia de la actividad minera en Argentina. A través del Decreto 482/2026, se ha sustituido por completo el reglamento de la Ley de Inversiones Mineras (24.196), que había estado vigente por más de tres décadas y que regula una gran parte de los beneficios fiscales, aduaneros y operativos otorgados a los proyectos mineros en el país.
La reforma tiene como objetivo principal «optimizar la competitividad del sector y la eficiencia en la gestión estatal», promoviendo la simplificación administrativa, la reducción de cargas burocráticas, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la modernización de los mecanismos de control. Aunque muchos de los cambios son técnicos, el impacto práctico es significativo: las empresas mineras contarán con menos procedimientos previos para importar equipos, mayor previsibilidad para acceder a beneficios fiscales y una mayor flexibilidad para mover bienes entre proyectos.
Uno de los cambios más destacados se encuentra en el régimen de importaciones. La nueva normativa reemplaza gran parte de los procedimientos de autorización previa por declaraciones juradas sobre el destino minero de las mercancías importadas, integrando el trámite con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEA) y el Sistema Informático Aduana Malvina. Esta medida permitirá a las empresas mineras reducir significativamente los tiempos y trámites administrativos para la importación de bienes de capital, equipos especiales, repuestos e insumos.
Otro aspecto clave de la reforma se centra en la estabilidad fiscal. Las nuevas regulaciones establecen un plazo máximo de 60 días hábiles administrativos para la aprobación o rechazo de solicitudes de estabilidad fiscal, brindando mayor certidumbre a los proyectos que requieren tomar decisiones de inversión a largo plazo.
En cuanto a la devolución acelerada del IVA para actividades exploratorias, se han incorporado plazos definidos para agilizar el proceso. Además, se han establecido cambios en materia tributaria, como la deducción de gastos de exploración y la amortización acelerada de activos.
La reforma también introduce un régimen más detallado para los proveedores de servicios mineros, quienes deberán cumplir con ciertos requisitos para mantener sus beneficios. Asimismo, se ha otorgado más libertad a las empresas para mover equipos entre proyectos con una simple notificación a la autoridad de aplicación.
En cuanto a los aspectos ambientales, la nueva normativa busca armonizar la Ley de Inversiones Mineras con la Ley General del Ambiente, otorgando mayor protagonismo al Seguro Ambiental Obligatorio.
En resumen, esta reforma regulatoria representa un cambio radical en el sector minero argentino, con el objetivo de modernizar el marco regulatorio, brindar seguridad jurídica y promover la competitividad del sector. Sin duda, esta decisión del Gobierno marcará un antes y un después en la industria minera del país.
