El gobierno nacional ha dado un paso importante en la actualización de las tarifas del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con discapacidad. La medida, publicada en la Gaceta Oficial el 30 de marzo de 2026, ha generado gran expectativa entre la población afectada por esta decisión.
El incremento del 2,90% para marzo, basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de 2026, ha sido recibido con diferentes reacciones por parte de los beneficiarios. Este aumento se suma al 5,78% aplicado en febrero, lo que representa un acumulado de casi el 9% en lo que va del año.
Es importante destacar que este ajuste se aplica a todos los beneficios del sistema, sin distinción. Desde centros educativos terapéuticos hasta servicios de apoyo a la integración escolar, transporte especial, rehabilitación y estimulación temprana, todos se verán afectados por estos nuevos valores. Tanto las instituciones como los profesionales independientes que atienden a personas con certificado de discapacidad (CUD) se verán impactados por esta actualización.
Además, la resolución establece un plus adicional del 20% para la región de la Patagonia, reconociendo las mayores distancias y costos de operación en esa área. Esta medida busca garantizar una atención equitativa y de calidad para todos los beneficiarios, independientemente de su ubicación geográfica.
Por otro lado, es importante recordar que las tarifas del nomenclador son obligatorias para todas las obras sociales y prepagas que cubren beneficios por discapacidad. En caso de detectar que se están cobrando por debajo de los valores actualizados, los beneficiarios pueden reclamar la diferencia. En caso de incumplimiento reiterado, se puede presentar una queja ante la Superintendencia de Servicios de Salud.
En resumen, esta actualización en las tarifas del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con discapacidad representa un avance significativo en la garantía de derechos y la equidad en la atención de este sector de la población. Es fundamental que todos los actores involucrados cumplan con las disposiciones establecidas para asegurar una atención de calidad y accesible para todos los beneficiarios.
