Argentina se encamina hacia una nueva etapa de crecimiento y estabilidad económica, luego de haber atravesado la crisis de la «dolarización» en 2025. El Gobierno se esfuerza por mostrar una transición hacia un escenario positivo en 2026, respaldado por la combinación de reducción de tarifas, acumulación de reservas y superávit fiscal.
Según el viceministro de Economía, José Luis Daza, el país ha logrado un «equilibrio virtuoso» sin precedentes, que ha permitido desacelerar la inflación y mantener la estabilidad sin recurrir a medidas artificiales. Este equilibrio se basa en tasas de interés bajas, un dólar estable, el cumplimiento con el FMI y la transferencia de utilidades sin tensiones cambiarias.
Uno de los pilares de este equilibrio es el superávit fiscal, que ha permitido mantener la estabilidad en la cuenta corriente y en el sistema bancario. Además, la calificación de riesgo de Argentina ha mejorado, lo que refleja la sostenibilidad estructural de la economía.
El objetivo para la etapa poscrisis es acelerar el crecimiento económico, con proyecciones de un aumento del PIB entre 5 y 7 por ciento. Para lograr esto, el país buscará converger con otras economías y eliminar los obstáculos que condicionan su competitividad estructural.
En este sentido, se plantea la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales, como la reforma fiscal para eliminar impuestos antiproducción y la reducción del riesgo país para bajar el costo del capital. También se destaca la importancia de invertir en infraestructura de nueva generación y consolidar los incentivos para atraer inversiones.
El Gobierno apunta a una segunda fase del programa económico que se enfocará en eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo sostenido del país. Con un enfoque en la apertura, la competitividad y la inversión, Argentina busca consolidar su posición en el escenario global y alcanzar un crecimiento sostenido a largo plazo. La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha golpeado con fuerza a la economía mundial y ha dejado a millones de personas sin trabajo. En este contexto, se ha generado una mayor preocupación por el impacto que esta situación está teniendo en la desigualdad social y económica.
Según un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que la crisis del COVID-19 ha provocado la pérdida de alrededor de 255 millones de empleos en todo el mundo. Esta situación ha afectado principalmente a los trabajadores informales y a aquellos que se desempeñan en sectores vulnerables como el turismo, la hostelería y el comercio minorista.
En este sentido, la OIT ha alertado sobre el aumento de la desigualdad social y económica que se está produciendo como consecuencia de la pandemia. Según el informe, las personas más vulnerables están siendo las más afectadas por la crisis, ya que no cuentan con la protección social necesaria para hacer frente a la pérdida de ingresos.
Ante esta situación, es fundamental que los gobiernos y las organizaciones internacionales tomen medidas urgentes para proteger a los trabajadores más vulnerables y garantizar que tengan acceso a una protección social adecuada. Esto incluye la implementación de programas de apoyo económico, la extensión de la cobertura de la seguridad social y la promoción de políticas de empleo inclusivas.
Además, es necesario que se promueva una recuperación económica sostenible que tenga en cuenta la equidad y la justicia social. Esto implica la adopción de políticas que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, la educación y la salud, así como la promoción de un salario digno y condiciones laborales justas para todos los trabajadores.
En este sentido, la OIT ha instado a los gobiernos a adoptar medidas que promuevan una recuperación económica inclusiva y sostenible, que tenga en cuenta las necesidades de los trabajadores más vulnerables y contribuya a la reducción de la desigualdad social y económica.
En conclusión, la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de abordar la desigualdad social y económica a nivel mundial. Es fundamental que se tomen medidas concretas para proteger a los trabajadores más vulnerables y garantizar que tengan acceso a una protección social adecuada. Solo de esta manera podremos construir un mundo más justo y equitativo para todos.
