La disputa entre la administración de Axel Kicillof y el gobierno nacional ha llegado a un punto crítico, con acusaciones de deudas millonarias y desfinanciamiento de programas clave en la Provincia de Buenos Aires. La denuncia formal presentada por la Provincia ha desencadenado una respuesta contundente por parte de Sandra Pettovello, líder en billetera, quien niega cualquier deuda y acusa a la gestión bonaerense de desfinanciar sus propios programas.
La Provincia de Buenos Aires ha solicitado al Ministerio de Capital Humano el pago de una deuda acumulada desde 2024 por el Servicio de Alimentación Escolar (SAE) que asciende a más de 220.000 millones de dólares, además de exigir asistencia para el programa MESA, que actualmente se sostiene exclusivamente con recursos provinciales. El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés Larroque, ha difundido esta solicitud en redes sociales, dejando en evidencia la difícil situación financiera en la que se encuentra la Provincia.
En una carta enviada a la Nación, la Provincia ha pedido la revisión y actualización de los importes propuestos para el financiamiento del SAE y el programa MESA, argumentando la alta demanda de alimentos en un territorio donde reside el 38% de la población total del país. Se destaca que el programa MESA fue creado durante la pandemia como reemplazo circunstancial del SAE y que, hasta la fecha, no ha contado con financiamiento nacional, siendo cubierto en su totalidad por la Provincia.
En respuesta, el Ministerio de Capital Humano ha rechazado categóricamente la propuesta de la Provincia, afirmando que esta última es responsable de desfinanciar sus propios programas provinciales. Se destaca que el SAE es un programa de gestión y responsabilidad provincial, y que el Gobierno nacional solo aporta un 20% del monto necesario para los comedores escolares bonaerenses, mientras que el 80% restante corresponde a la Provincia. La cartera nacional ha afirmado que no mantiene ninguna deuda con la Provincia de Buenos Aires y rechaza cualquier intento de responsabilizarla por decisiones de desfinanciamiento.
Esta batalla política y fiscal entre la Casa Rosada y el gobierno porteño refleja la tensión permanente por la distribución de recursos, con acusaciones de recortes y transferencias nacionales. Mientras tanto, la población de la Provincia de Buenos Aires sigue esperando una solución a esta situación que pone en riesgo la alimentación de miles de estudiantes. La incertidumbre sobre el futuro de estos programas es palpable, y la necesidad de una pronta resolución es más urgente que nunca.
