El gobierno de Nicaragua canceló este martes (24/10/2023) la personalidad jurídica y confiscó bienes a la orden de los Frailes Menores Franciscanos y a 16 ONG, algunas vinculadas a iglesias católica y evangélica, argumentando que no informaron el origen de sus financiación.
La orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís y 16 asociaciones y fundaciones incumplieron las leyes en cuanto a la presentación de sus estados financieros, consejos de administración, detalles de sus donaciones e identidad y origen de sus donantes, según un resolución del Ministerio del Interior (Interior).
La decisión, publicada en el diario oficial La Gaceta, establece que los bienes muebles e inmuebles de las organizaciones canceladas pasarán a manos del Estado conforme a la ley.
En agosto, el gobierno de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús y confiscó la universidad jesuita de Managua bajo acusaciones de «terrorismo», así como una residencia para sacerdotes adyacente al campus.
Medios independientes informaron que el Ministerio de Educación y policías ocuparon la tarde del martes el Instituto San Francisco de Asís, ubicado en la ciudad de Matagalpa, al norte de Managua y administrado por los franciscanos.
La Orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís tenía unos 58 años en Nicaragua.
El resto de lo confiscado.
Entre las ONG que quedaron sin personalidad jurídica este martes se encuentran la Asociación Iglesia Internacional de Cristo, la Asociación de Mujeres Las Golondrinas, la Fundación Centro de Atención Integral a Niños y Niñas con Autismo, la Asociación Evangelística Impacto Juvenil de Nicaragua y la Asociación Nicaragüense de Iglesias de Cristo.
También la Asociación de Médicos Especialistas de San Francisco, la Asociación de Ministerio Cristiano La Vid Verdadera, la Fundación para el Desarrollo Etno Indígena y la Fundación Ministerio Pentecostés Unción y Fuego, entre otras.
El gobierno asegura que algunos onegés financiaron las protestas de 2018.
El régimen nicaragüense ha cerrado más de 3.000 ONG desde que endureció las leyes tras las protestas de 2018 contra Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, que en tres meses de bloqueos de calles y enfrentamientos entre opositores y partidos oficialistas dejaron más de 300 muertos. según la ONU.
Relaciones en deterioro
La relación entre la Iglesia católica y el gobierno se deterioró en medio de estas protestas, que Ortega consideró un intento de golpe de Estado impulsado por Estados Unidos, que junto a la Unión Europea y otros países denunciaron represión violenta contra opositores.
A varios religiosos se les ordenó abandonar el país y 12 sacerdotes fueron enviados a Roma la semana pasada tras su liberación, pero el obispo Rolando Álvarez, un fuerte crítico del gobierno, permanece en prisión, sentenciado en febrero a más de 26 años por cargos de difusión. noticias falsas y desprecio.
En mayo, el gobierno canceló la personalidad jurídica de la Orden de las Hermanas Clarisas Franciscanas, también de la fraternidad franciscana, y en julio, cuatro monjas de la Fraternidad de las Hermanas de los Pobres de Jesucristo abandonaron el país después de que inmigración no autorizara la extensión de sus visas.
Otras tres monjas de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, encargadas de una residencia de ancianos en la ciudad de Rivas, al sur de Managua, abandonaron el país en abril.
jc (afp, efe)
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