En abril de 2020, en plena crisis de la pandemia, el entonces diputado Sergio Mayer Bretón del partido Morena planteó una iniciativa que buscaba gravar los soportes, aparatos, instrumentos técnicos o cualquier otro dispositivo que permitiera el almacenamiento, compactación, duplicación o reproducción sonora, visual o audiovisual de cualquier contenido protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA). Afortunadamente, esta iniciativa fue desechada en abril de 2021.
Nuevamente, Ricardo Monreal, Senador de la República por el Partido Morena, presentó prácticamente la misma iniciativa salvo algunas pequeñas modificaciones como creer, ingenuamente, que el incremento en el costo que tendrían los fabricantes de estos equipos no se repercutirá en consumidores finales
Como bien se justificó en 2021, esta iniciativa es un despropósito ya que hoy en día los consumidores no realizan copias privadas en estos ordenadores en perjuicio del creador intelectual de las obras. Por el contrario, estos dispositivos han fomentado el uso y contratación de servicios de streaming para el consumo legal de contenidos audiovisuales. Así, la evidencia apunta a que la colección privada de copias tiende a desaparecer debido a los nuevos hábitos de consumo digital.
Adicionalmente, esta tarifa invariablemente generaría un aumento en el precio de los dispositivos en un contexto de crisis económica, lo que a su vez provocaría una disminución en la adquisición de estos. Es importante señalar que, debido al contexto de crisis económica en el que nos encontramos, los operadores móviles han estado reportando caídas en sus ingresos por equipos durante los últimos cuatro trimestres. Un aumento adicional en el coste de los equipos profundizaría aún más esta caída y por tanto en la adquisición de los mismos.
Además, dicha propuesta tiene un efecto claramente regresivo, ya que afectaría más a la población de menores ingresos del país, cuando el gobierno debería estar impulsando la adopción de estos dispositivos tecnológicos y la consecuente reducción de la brecha digital en el país.
Finalmente, a nivel internacional, la política de compensación a través de tarifas digitales comenzó hace más de dos décadas, cuando se hacía un uso intensivo de dispositivos y soportes tradicionales como casetes, CD y DVD. Actualmente, la recaudación del canon digital registra una trayectoria descendente en la mayoría de los países en los que es aplicable debido al reemplazo en el uso de los soportes tradicionales frente a los medios digitales.
Esta propuesta no solo debe volver a descartarse, sino que ya es preocupante la capacidad de cabildeo de las Sociedades de Gestión Colectiva, que claramente buscan beneficiarse de esta tasa, ya que por tercer año consecutivo seguimos discutiendo un impuesto obsoleto y sin sentido, que está en contra los preceptos por los que el gobierno debería estar impulsando como la conectividad universal y la disponibilidad de mejores dispositivos para la población económicamente más vulnerable.
POR GONZALO ROJÓN
GONZALO.ROJON@THECIU.COM
@GROJONG
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