Desde 2018, los legisladores del régimen han impulsado una serie de iniciativas en el Congreso en temas de género y aborto. Esto, disfrazado mediante un uso ambiguo del lenguaje que, a primera vista, parece inofensivo.
Así, utilizando conceptos como la igualdad sustantiva, la autonomía progresiva y el libre desarrollo de la personalidad, pretenden imponer a nuestra Constitución una visión particular de la realidad que no tiene raíces democráticas en México.
En términos prácticos, la propuesta representa un riesgo para la integridad de las personas y en particular de los menores de edad, ya que se pretende:
1. Promover el aborto, incluso en niñas y adolescentes; ya que se propone constitucionalizar esta práctica en términos de “derecho” bajo el eufemismo de “libertad sexual y reproductiva”.
2. Abrir la posibilidad de que se realicen procedimientos quirúrgicos o farmacológicos irreversibles a menores de edad, buscando elevar a rango constitucional conceptos ideológicos como el de “identidad de género”.
3. Por si lo anterior fuera poco, la propuesta busca que el Estado persiga a quienes no se sometan a esta particular corriente de pensamiento, mediante la imposición de una restricción expresa a la libertad de expresión consistente en reproducir “estereotipos de género”.
Estas iniciativas -que se repiten cada legislatura- representan un enorme riesgo para nuestra democracia, dada la intención de imponer un pensamiento único y someterse a sus consecuencias.
En cuanto a los riesgos a la integridad de los menores, cabe señalar que estos ya son una realidad en otros países; Por ejemplo, Chloe Cole, una joven estadounidense a la que se le administraron hormonas desde los 12 años y le mutilaron los senos a los 15, como tratamiento de «afirmación» de género.
Hoy, a los 18 años, Chloe sabe que es una mujer. Sin embargo, experimenta consecuencias trágicas de tratamientos de los que nadie le advirtió, como disfunción sexual, masculinización de la voz y, lamentablemente, el dolor de saber que si alguna vez se convierte en madre, no podrá amamantar a sus hijos. Estas consecuencias irreversibles son una realidad de la que nadie parece querer hablar. Sin embargo, debemos ponerlo sobre la mesa para proteger a las generaciones futuras.
Finalmente, la finalidad de las iniciativas descritas es inaceptable en una democracia constitucional. Es inexplicable la pretensión de imponer como pensamiento único una corriente ideológica que no sólo carece de arraigo cultural y democrático en nuestro país, sino que se ha mostrado trágica para los menores en otras latitudes.
Diana Gamboa Aguirre.
Abogado de la Escuela Libre de Derecho, docente en Derecho Constitucional, profesor universitario.
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