Faltan 450 días para la jornada electoral de 2024 y aún no sabemos cuándo comenzará el proceso y cuáles serán las leyes que lo regirán. Menos sabemos en qué condiciones estarán el INE y las OPLEs para organizar las elecciones. En pocas palabras, el Plan B ya ha afectado nuestra democracia, simplemente porque hoy no estamos seguros de cómo emitiremos nuestro voto el próximo año. Se perdió la certeza, después de 33 años de construirla paso a paso.
Como era de esperarse, la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Plan B desató una creciente andanada de recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La primera pregunta es si el Congreso de la Unión respetó o no el proceso parlamentario al aprobar la reforma.
El sentido común sugeriría que se violaron los procedimientos, simplemente por el momento en que fue aprobado en la Cámara de Diputados. En este sentido, la Corte tiene la palabra, pero las consecuencias de su decisión son muy relevantes. En un caso, el efecto sería suspender la aplicación de todas las reformas y el Plan B habría muerto, al menos para las elecciones de 2024.
La alternativa sería aceptar la legalidad del proceso e ingresar el fondo de cada una de las partes impugnadas. Luego, la incertidumbre se alarga, ya que habrá que esperar a cada sentencia judicial para saber en qué condiciones votaremos el próximo año.
Por otro lado, el INE no puede esperar a que la Corte aplique el Plan B, pues por ahora esas leyes ya están en vigor. En este caso, la incertidumbre es mayor, ya que las disposiciones transitorias del decreto establecen plazos que comenzarían en enero de este año, cuando la ley no fue aprobada.
Sin embargo, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, dejó su cargo apenas se publicó el Plan B y el Consejo General creó un comité para comenzar a diseñar la aplicación de las nuevas leyes. Batalla legal.
El INE y el secretario saliente impugnaron la destitución y el Tribunal Electoral está listo para resolver. Lo que llama la atención es la desesperación del gobierno por defender todos los resquicios de su plan y buscó que la magistrada que presenta el caso se excusara de participar, pues circuló una versión de cómo podría resolverse el asunto.
En cualquier caso, este ejemplo anuncia que prevalecerá la incertidumbre, ya que se vislumbra un conjunto de disputas legales que dejarán poco tiempo a los ciudadanos para saber cómo será la normativa para 2024.
En materia electoral, la incertidumbre es mala consejera. Lo único que sabemos es que las fuerzas políticas no están de acuerdo con las reglas que estarán vigentes. Si gana Morena, reclamarán los inconformes; si sucede lo contrario, Morena no estará de acuerdo. Es el fracaso anunciado de haber optado por la imposición, en lugar de construir acuerdos. Lamentable.
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
PROFESOR INVESTIGADOR FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO
TECNOLOGIA MONTERREY
@ARTUROSANCHEZG
LSN
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