Prepagas ya recalculan cuotas, pero advierten por inminente colapso del sistema

Las prepagas ya recalculan las tarifas que cobrarán a sus clientes el próximo mes para cumplir con las regulaciones impuestas por el Gobierno. Estiman que en promedio bajarán alrededor del 20% nominal. Pero la discusión no terminó. Fuentes del sector advirtieron a Ámbito de un “inminente colapso del sistema” como consecuencia de los desequilibrios acumulados. Anticiparon que apelarán las medidas impulsadas por el Ministerio de Comercio, piden afrontar una desregulación que permita ofrecer diferentes beneficios y Aseguran que en las próximas semanas crecerá la escasez de turnos y el cobro de copagos.

Durante la mañana de este miércoles, un grupo de empresas privadas de medicina comenzaron a confirmar el reajuste de las cuotas de sus afiliados. De acuerdo a la información que este medio pudo recabar, el La caída media será del 20% aunque difiere según la empresa, el plan y tipo de cliente: directo o liberalizado.

Esto se debe a que apenas cuatro meses después de publicarse los precios, en un salto excepcional del marco teórico, El Gobierno estableció una nueva regulación que obliga a las prepagas a retroceder las tarifas a los valores de diciembre de 2023. Al mismo tiempo, se estableció como límite para los aumentos desde ese momento hasta abril y durante los próximos seis meses la inflación promedio medida por el INDEC.

Las empresas cumplirán, pero a regañadientes. Dos fuentes del sector consultadas por Ámbito coincidieron en que agotarán todas las vías administrativas y judiciales para revertir la regulación del Ministerio de Economía dirigido por Luis Caputo. Si los recursos no prosperan, los dirigentes aseguran que el sector se encamina hacia un “colapso inminente”.

Según explican las empresas de prepago, el La reducción de las cuotas implicará también una reversión con las actualizaciones que habían otorgado a sus proveedores, que al mismo tiempo otorgó aumentos salariales en función de los ingresos esperados. Todo esto ahora debería calcularse según la nueva realidad, es decir, los valores de diciembre ajustados por inflación.

¿Aceptarían los trabajadores un recorte nominal de sus salarios? Parece difícil. Lo que se observa en el caso de la salud es lo que ocurre en tantos otros ámbitos. Falta de coordinación entre costes, precios e ingresos de los consumidores. lo cual se da por la falta de voluntad del Gobierno para ordenar el cambio de régimen que implica el giro político que dio la Argentina en las últimas elecciones.

“El sistema se encamina hacia la desfinanciación”dice el responsable de una de las empresas más representativas, quien al mismo tiempo señala que los costes de la crisis volverán a ser pagados por los usuarios mediante la escasez de turnos y el cobro ilegal de copagos por parte de los profesionales, algo que se ha vuelto habitual desde el año pasado pero había empezado a encaminarse.

Uno de los eslabones más sensibles de la cadena son los sanatorios y clínicas cuyos principales clientes son prepagos. En el sector aseguran que hay entre 500 y 600 que están al borde de la quiebra y que la nueva baja de precios junto con la suba de costos por encima de la inflación: electricidad, gas, combustible, medicamentos, entre otros, podría constituir un golpe terminal.

Precisamente ese es uno de los puntos más cuestionados por las empresas. Ellos dijeron eso Si se desarrolla un índice para establecer un límite a los aumentos, éste debería estar vinculado a los costos del sector y no al IPC. Eso implicaría un llamado más amplio a revisar también las acciones de los laboratorios y proveedores. “Se congelan abajo y no hacen nada aguas arriba”, cuestionan las fuentes consultadas.

Respecto a la acusación de cartelización, que fue lanzada primero por la Coalición Cívica liderada por Elisa Carrió y luego validada por el gobierno de Javier Milei, las empresas aseguran que El problema es que todos están obligados a cubrir el mismo Plan Médico Obligatorio, también por decisión del Ejecutivo. Por tanto, la oferta tiende a ser homogénea. En ese sentido, piden que el Gobierno habilite la desregulación, pero no sólo de los precios, sino también de la oferta de servicios.



Con información de Telam, Reuters y AP

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