En tiempos de recuperación económica, las empresas de todos los tamaños y el sector público enfrentan el desafío de construir un entorno empresarial saludable y competitivo. En otras palabras, el desafío para las empresas e instituciones públicas es garantizar condiciones de mercado libres de corrupción.
Pero, ¿qué sucede cuando se autorizan obras o trabajos a empresas no calificadas? ¿Qué riesgos tiene esto para la población? ¿Qué implicaciones tiene tanto para las empresas como para los gobiernos? ¿Cómo puede construir un entorno confiable, amigable y legítimo para los negocios?
La corrupción genera atrofias en los mercados que se evidencian en prácticas de competencia desleal, disminución de inversiones e ineficiencias en los procesos comerciales, principalmente por sobornos y tráfico de influencias.
Según la Encuesta de Delitos Económicos de PwC, las pérdidas económicas por corrupción en el país se estiman entre uno y 5 millones de dólares en el 13% de las empresas; entre 5 y 100 millones de dólares para el 8% de las empresas y más de 100 millones para el 1% de las empresas encuestadas. Según cifras del INEGI, la población en México en 2019 pagó $12,769.7 millones de pesos por corrupción, esto en términos per cápita significa $3,822 pesos gastados por persona víctima de corrupción.
En este contexto, las empresas interesadas en evitar, prevenir y reducir los costos de la corrupción han implementado programas de responsabilidad social empresarial tanto a nivel individual como colectivo. Los beneficios de adoptar estos programas son principalmente reducir las sanciones administrativas o legales, reducir el riesgo reputacional de aparecer culpable de corrupción o actos ilícitos, atraer clientes e inversionistas, participar en procesos de diseño regulatorio de la mano del Estado y sus instituciones, promover condiciones condiciones de mercado más justas y mejorar la confianza del público.
Por otro lado, México es parte de la Convención Anticohecho de la OCDE, puesta en vigencia en julio de 1999 con el fin de establecer medidas para “disuadir, prevenir y sancionar a las personas y empresas que prometan, otorguen u oculten gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participen en transacciones comerciales internacionales”.
Sobre esta base, busca eliminar la competencia desleal derivada de los bonos extraoficiales, sancionar o sancionar a las empresas y personas que prometan u otorguen pagos a funcionarios extranjeros con el fin de favorecer y beneficiar sus negocios. Con base en la evaluación de la aplicación de la mencionada Convención Internacional de Transparencia, en su Informe “Exporting Corruption: 2022” (Exportando corrupción 2022) clasifica a 43 de los 44 países signatarios en Aplicación Activa (Aplicación Activa), Aplicación Moderada (Aplicación moderada) , Aplicación limitada y Aplicación escasa o nula. México se ubica en el último grupo, junto con países como China, Japón, Rusia y Bélgica.
Esto sugiere que los esfuerzos no existen o no hay evidencias de avances en la lucha contra la corrupción, considerando que se requieren transformaciones más profundas e incluyentes de todos los actores, en cuyo caso implican lentos procesos de cambio.
Muy probablemente, como indica Transparencia Internacional, la clave puede estar en los aún deficientes marcos legales, problemas relacionados con la protección de los denunciantes, tamaño de las sanciones, falta de capacitación y recursos, mala coordinación interinstitucional, financiamiento insuficiente entre las dependencias. al cargo, así como la insuficiente independencia de las fiscalías y los tribunales.
Es fundamental que las empresas e instituciones públicas de nuestro país asuman los retos y enfrenten con fuerza los retos que implica construir juntos un entorno propicio para la competitividad y la productividad económica, poniendo como factor de cambio la reducción de la pobreza y la desigualdad, facilitando y haciendo efectivos los instrumentos de denuncia para recuperar la confianza en empresas e instituciones.
Colaboración realizada por Mónica Miguel Cárdenas y el equipo Revolution 5.0 de Disruptive Labs. Si quieres saber más al respecto, contáctanos a contact@disruptivelabs.mx o a nuestras redes @DisruptiveLabs, ¡con gusto te leemos!
POR MÓNICA MIGUEL CÁRDENAS
LA REVOLUCIÓN 5.0 DE DISRUPTIVE LABS.
CONTACTO@DISRUPTIVELABS.MX / @DISRUPTIVELABS
MBL
Continuar leyendo: Responsabilidad empresarial para un entorno de negocios sano y competitivo