¿Has escuchado los anuncios de los partidos políticos dirigidos exclusivamente a sus militantes, como si los que no lo son debieran taparse los oídos?
Son parte de los simulacros que se dan en el ámbito electoral. En el caso de estos spots, se trata de encubrir, para sortear prohibiciones legales, lo que es claramente propaganda para candidatos a gobernador que aún no lo son formalmente.
La llegada de la 4T al poder está implicando cambios relevantes en las formas de hacer política, aunque tal transformación encuentra fuertes resistencias. Uno de ellos se da en los usos y costumbres a los que nos tenían acostumbrados en torno a la sucesión presidencial. En el pasado, para citar al difunto líder sindical Fidel Velázquez, quien se movía no estaba en la foto. Es decir, los secretarios de Estado y demás funcionarios públicos debían cuidar bien sus aspiraciones presidenciales para no opacar al presidente de turno.
Los tiempos comenzaban a avanzar, en el campo de la oposición, con la anticipada -y exitosa- candidatura de Vicente Fox, pero es el presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha pulverizado los tiempos y los usos y costumbres, al abrir en 2022 -dos años antes de las elecciones- la sucesión presidencial desde su mañana, citando incluso los nombres de los precandidatos.
Estos, de diferentes formas, luchan por disfrazar sus giras por el país y otros actos de proselitismo que no dicen su nombre. Son conscientes de que tener presencia en la capital no es suficiente para ganar una elección nacional.
Mientras tanto, dividida ya veces al borde de la ruptura, la oposición -PAN, PRI y PRD- no ha logrado diseñar una estrategia competitiva. Sus figuras no tienen presencia nacional y no es seguro que puedan unirse en torno a un solo candidato. Hay un candidato que está recorriendo amplias zonas del país, el todavía priísta Enrique de la Madrid, pero habrá que ver si obtiene la candidatura de Va por México, cuya definición estará principalmente en manos del PAN. .
Así, es pertinente preguntarse si no es hora de flexibilizar las larguísimas y rígidas normas, lo que podría explicarse en un sistema cerrado, pero no en uno como el actual donde el Presidente abre precandidaturas, sin temor a perder posiciones políticas. fuerza.
En este contexto chocan dos visiones divergentes: a) la tradicional que prescribe la abstinencia de hacer cualquier tipo de propaganda fuera de los plazos establecidos, y fija las sanciones correspondientes, y b) la apertura que postula la libertad de los solicitantes, sean funcionarios públicos. o no, argumentando que es contra natura prohibir a un político hablar de elecciones.
Hay partidarios de ambas posiciones y sus argumentos no son desdeñables. Parece que el tiempo no da para cambiar las reglas del juego de cara a 2024, y menos con el rechazo de la oposición al llamado Plan B, pero convendrá empezar a pensar en una evolución de la normativa actual.
EN LÍNEA MÁS: ventaja de los funcionarios. Es evidente que los nuevos tiempos en México exigen nuevas condiciones político-electorales, pero las dificultades para instaurarlas son grandes.
Hay rezagos del pasado reciente que se resisten a extinguirse y que no están contenidos en el Plan B de la reforma electoral, cuyo destino es incierto por las polémicas y amparos que ya han comenzado a llegar al Poder Judicial Muchas de las restricciones actualmente vigentes en cuanto a las campañas electorales tienden, por buenas razones, a limitar a los funcionarios gubernamentales, en vista de la ventaja que, en términos de visibilidad pública, implica el desempeño de su cargo.
Sin embargo, esta delimitación ha sido ineficaz porque hay candidatos que violaron la ley impunemente y ganaron las elecciones, y
el caso más relevante de este siglo es el de Enrique Peña Nieto.
Además, a pesar de la ventaja que la función pública otorga a los políticos que la ejercen, en este siglo se ha producido una triple alternancia
en la Presidencia de México -PRI-PAN, PAN-PRI y PRI-Morena-, circunstancia que contribuye a la revisión de las limitaciones excesivas.
Por supuesto, elementos que no admiten flexibilidad son el control de los gastos de campaña electoral y la persecución rigurosa de cualquier desvío de recursos públicos hacia actividades electorales.
POR EDUARDO R. HUCHIM
@EduardoRHuchim
omniacolumna@gmail.com
LSN
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