Ticketmaster vs Profeco: ¿En verdad se hará justicia por el fraude?

El gran actuación del reguetonero o cualquier otro motivo asociado al evento quedó en un segundo plano porque Ticketmaster, empresa encargada de la venta y distribución de entradashabría negó la entrada a unas 2.000 personas con billetes legítimos.

Numerosos programas informativos dieron cobertura al hecho y se denunció en redes que No era la primera vez que pasaba algo así., que esto había sido replicado en conciertos por otros artistas como Dua Lipa o Harry Styles. Incluso, el presidente López Obrador en la conferencia matutina exigió una explicación del problema, asunto que quedó en manos de la Profeco y la Defensoría del Pueblo.

Profeco contra Ticketmaster

A pesar de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) había planteado inicialmente la aplicación de una fuerte multa por una posible sobreventa por parte de la empresa, el caso se fue desvaneciendo, de tal manera que, ahora solo se dice que los consumidores afectados obtendrán una compensación por su entrada y un 20% adicional.

La solución pasaría por alto el fondo oscuro que debería ser una urgencia: el poder de mercado -bastante considerable- de esta empresa; la sobreprecios que impone frente a otros países, su negativa a formar parte del mecanismos de conciliación de controversias y las sanciones irrisorias a que pueden estar sujetas este tipo de sociedades.

Exclusividad controvertida

En cuanto al primer punto, en términos prácticos OCESA de la mano de Ticketmaster México (su empresa de venta de boletos subsidiaria), mantiene contratos de exclusividad con la mayoría de las grandes salas de espectáculos en todo el país (65%) haciendo imposible cualquier forma de competencia real.

Los cargos por imprimir su boleto, obtener el código QR, recogerlos y cargos aún más absurdos suceden simplemente porque la empresa puede y no tiene que preocuparse por otros competidores porque simplemente no hay. ¿Y la COFECE?

Quejas contra Ticketmaster

Además, suponiendo que quieras reclamar por un mal servicio o buscar la devolución de tu dinero por la postergación de un evento, el camino para obtener una respuesta sería largo y tortuoso porque Ticketmaster México se ha negado a ser parte de mecanismos como Conciliación expresa de Profeco, que resuelve controversias con una llamada.

Necesariamente tendrías que ir a una oficina de la Procuraduría General de la República o contactar a la corporación, lo cual es simplemente horrible. El segundo caso, en el que me he encontrado en concreto, además de tener un horario mínimo de atención al cliente que no coincide con gran parte de los eventos que realizan, las líneas de respuesta de la empresa están sobrecargadas y no sirven para hacer acuerdos.

Si después de todo esto fuera posible promover una demanda colectiva frente a este conglomerado, la realidad es que no hay garantías de que estos comportamientos vayan a cambiar. Muchos de los órganos encargados de regular la competencia o la defensa del consumidor se ven impedidos de imponer verdaderas multas que verdaderamente incentivarían el cumplimiento de la ley; son perros que ladran, pero no muerden.

¿Realmente habrá justicia por el fraude?

Para hacer esto, déjame explicarte: Profeco no puede imponer sanciones que superen el 10% de los ingresos de la empresa en el año pasado. Esto en particular es un despropósito en la legislación, ya que es por este tipo de leyes que se generan incentivos perversos en la conducta de los agentes económicos, porque no contemplan cabalmente la proporcionalidad del daño causado.

Un ejemplo de esto son las multas emitidas anteriormente por organismos reguladores como el COFECE a conglomerados como Kimberly Clark por prácticas monopólicas. En 2021, este grupo de empresas fue acusado de causar un daño por colusión estimado en alrededor de 1.500 millones de pesos y obligado a pagar una multa…

¡5 veces menos daño causado! Esto quiere decir que, luego de la sanción máxima aplicable, a la empresa le resultó rentable haber infringido la ley, pues este tipo de cuestiones también se ha dado con otros organismos como la CNBV, la Condusef y la propia Profeco en sus respectivas dependencias.

Por eso es necesario modificar la legislación relativa a las facultades de los organismos reguladores y las sanciones aplicables, y promover la obligación de que las grandes empresas se adhieran a los mecanismos de conciliación, buscando la verdadera protección del consumidor y la competencia económica.

Las leyes mexicanas han actuado a favor del interés económico empresarial y esto no puede seguir así: hay que darle dientes a las instituciones que nos deben proteger.

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