Tienes menos de un minuto para huir con tu familia. Llevarán lo que llevan puesto y lo que pueden llevar. Entre disparos, tú decides entre tus documentos, tus ahorros, tus recuerdos. La vida de todos está en peligro por cada segundo que no te mueves. Entrar en un vehículo no es una opción. Los derribarán.
Después de tres horas a pasos agigantados, llegan a una comunidad en la oscuridad.
No tienen donde dormir; Nadie te abre la puerta y no es suficiente para un hotel. Quieres ir a casa, pero no sabes cuándo podrás.
¿Quién alimentará a tus ovejas? Y tu tiendita, ¿la han saqueado? Todo por lo que trabajaste tan duro se perdió en segundos.
Es así como se vive un evento de desplazamiento interno (DI), llamado así porque no se cruzan fronteras internacionales y cuyo concepto implica esta salida forzada o involuntaria.
Según el Informe de Tendencias Globales en Desplazamiento Forzado 2022 de ACNUR, al menos 62 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares por diversas razones.
En México, aunque no hay cifras oficiales, datos de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señalan que en junio de 2023 se produjeron eventos masivos de desplazamiento forzado en Chihuahua, Oaxaca y Michoacán, movilizando a 800 personas, el mayor.
Esto no implica que no suceda en otras entidades: hechos similares se han observado en Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.
Dicha organización estima que el 72 por ciento de los eventos de desplazamiento interno son generados por la violencia del crimen organizado y que al menos 386 mil personas, de 2006 a 2022 en México, lo han sufrido.
La pertinencia de contar con un marco legal que delimite competencias, establezca mecanismos de coordinación entre niveles de gobierno, poderes y dependencias, y asigne un presupuesto suficiente para ello, sería un gran paso para abordar integralmente la DI.
A la fecha no existe una legislación federal y solo los estados de Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas cuentan con una ley en la materia.
Las estrategias locales de atención a la DI han mostrado logros y desafíos pendientes que sin duda marcarán el rumbo a nivel nacional.
Urge colocar el fenómeno en la agenda pública nacional
Por su parte, organismos internacionales como ACNUR México han trabajado en conjunto con autoridades, desplazados internos, sociedad civil y organismos internacionales para brindar asistencia técnica y apoyo en la generación de respuestas operativas para la restitución de derechos humanos con perspectiva de soluciones duraderas.
Sin embargo, para que las personas desplazadas puedan retomar su vida, todos podemos contribuir.
Comprender el fenómeno y empatizar con quienes lo padecen es un buen comienzo.
POR MIRIAM HEREDIA ZERTUCHE
ABOGADO ESPECIALIZADO EN PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE PERSONAS HUMANAS
@MIRIAMHEREDIAZ
CAMARADA
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